El financiamiento a partidos, debate necesario
El 31 de enero pasado la legislatura mexiquense aprobó un presupuesto de más de 1, 380 millones al IEEM, para el año 2022.
De este monto, 795 millones son para el financiamiento de los partidos políticos (más de 57 por ciento del total). Por si no fueran suficientes, en la sesión del pasado 23 de febrero, el IEEM los subió a más de 804 millones.
La cantidad es muy elevada, si se le compara con el financiamiento en otras entidades, lo cual hace de las elecciones mexiquenses unas de las más caras del país.
En esa sesión del IEEM se revivió un debate recurrente sobre la necesidad de modificar la fórmula para calcular el financiamiento a los partidos.
Como siempre, prevalecieron las buenas intenciones y el doble discurso, especialmente de las representaciones partidarias. Pero los destinatarios de sus palabras fueron el público y los medios, no la legislatura local o el gobernador del estado, los únicos que pueden presentar una iniciativa para cambiarla.
Este es un problema que lleva mucho tiempo sin resolverse. Y al menos no ha trascendido que alguno de los partidos ahí representados, con fracción legislativa en el congreso local, haya presentado alguna iniciativa para modificar la fórmula de asignación del financiamiento partidario, que es muy elevado.
Además, según dijeron, es inequitativa, porque favorece a los partidos mayoritarios en perjuicio de los minoritarios, lo cual agrava las desigualdades.
Como parte de su doble discurso los representantes no mencionaron que, además de financiamiento legal, reciben otros apoyos ilegales de parte del IEEM, que el Órgano Superior de Fiscalización siempre observa y que al final los diputados terminan por aprobar en la cuenta pública, por razones políticas o económicas.
Se trata del “apoyo” que reciben las representaciones de los partidos para su sostenimiento, en algún tiempo equivalente al sueldo total de una consejería.
Además de lo anterior, se les proporcionan vehículos, gasolina, peajes, teléfonos y gastos de representación, a veces muy elevados, que son parte de los métodos para cooptar a esos representantes, quienes rápidamente se acostumbran a los privilegios del puesto y después ya no quieren dejarlo. Se convierte en su modus vivendi.
Hay casos muy reveladores de algunos que se eternizaron en el cargo, por ejemplo Eduardo Bernal, del PRI u Horacio Jiménez y César Severiano, de Movimiento Ciudadano.
Además, hay otros que lo ocupan desde hace mucho tiempo, como Joel Cruz, del Partido del Trabajo, o Efrén Ortiz, de Nueva Alianza, quien recientemente ha defendido con uñas y dientes el puesto, por los ingresos que obtiene.
Por eso resulta sorprendente que se pronuncien por modificar la fórmula respectiva, pero en los hechos gasten ese financiamiento y mucho más en sus actividades ordinarias o de campaña.
En público muestran su preocupación por lo elevado del financiamiento, para quedar bien con el auditorio, pero terminada la sesión regresan a sus mismas prácticas de excesos y derroches.
Los partidos son entidades con muy poca credibilidad. Así lo revela cualquier medición reciente. Para recuperarla harían bien en predicar con el ejemplo, en cuanto a sus gastos. Los recursos son escasos para la salud o para la educación, pero no para los partidos.
Si se quiere mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses hay que invertir las prioridades del gasto público. Se tiene que invertir más en el bienestar de la gente y gastar menos en la clase política.
