El futuro del INE
Diálogo en silencio
En dos años se celebran elecciones en el país y en estos momentos se encuentra en el centro de la opinión el tema de la propuesta de reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los puntos torales de la reforma electoral tiene que ver con la reducción de consejeros del Instituto Nacional Electoral y el tema relacionado con los recursos públicos que se asignan a esta instancia.
Desde antes de su llegada al poder, Andrés Manuel López Obrador ha puesto énfasis en hacer cuestionamientos a la autoridad electoral; que se agudizaron en los momentos en que se instrumentó, por ejemplo, la consulta de revocación de mandato, pero ha sido permanente la crítica y observación al órgano electoral.
Pareciera que el sello de la austeridad ahora se pretende trasladar a la autoridad electoral encargada de organizar los procesos electorales en los estados y el país.
Se ha comentado que la propuesta de reforma electoral que propone el Ejecutivo tiene como finalidad instaurar una democracia limpia y que no haya fraudes. Aquí hay que aclarar que el que haya o no fraudes no sólo es una cuestión del árbitro, sino también de los jugadores, que en este caso de la arena electoral son los partidos políticos.
También se ha mencionado que el Instituto Nacional Electoral cambiaría su denominación por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para organizar elecciones en los estados y a nivel federal y en su caso consultas como aquella que generó polémica y enfrentó al presidente con los actuales consejeros electorales.
Asimismo plantea una reducción de 11 a siete en el número de consejeras o consejeros electorales; además de eliminar el financiamiento a los partidos políticos para sus actividades ordinarias y desaparecer a los legisladores plurinominales.
Se trata de 18 modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a siete transitorios.
En total, las estimaciones de ahorro que se pretenden con esta reforma, son del orden de 20 mil millones de pesos.
Esta situación ha empezado a generar opiniones en pro y en contra, entre los mismos consejeros electorales y los representantes de los partidos y actores políticos.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova ha expresado que este órgano es la institución civil mejor valorada por la ciudadanía, independientemente de sus preferencias partidistas.
Otro ingrediente que le da sabor al debate, lo constituyen las recomendaciones realizadas por la Comisión de Venecia del Consejo Europeo que consideró riesgosos los cambios propuestos en la iniciativa del presidente López Obrador.
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, que es conocida como la Comisión de Venecia y es integrada por expertos internacionales independientes de 61 países emite esa recomendación porque el consejero presidente del INE se la solicitó con base en los estatutos que facultan a los órganos de los países miembros, como el nuestro, a realizar ese tipo de consultas.
Será interesante la postura de los partidos políticos que avalen, modifiquen, enriquezcan o rechacen la propuesta de reforma electoral que sin duda será parteaguas para la vida democrática del país, aunque con un futuro incierto.
