El INE en su encrucijada
La revocación de mandato está en suspenso. El primer ejercicio constitucional de este tipo entró en una nueva fase. El viernes pasado el consejo general del INE aprobó posponer algunas de las etapas de este proceso, ante la oposición de cinco de los once consejeros, así como de los representantes de Morena, sus aliados y el PRI.
Con esta decisión se pasa a una nueva etapa en la confrontación entre el INE y el presidente AMLO, pero también se llega a una encrucijada, porque no se sabe a dónde conducirá esa decisión.
A esta situación conflictiva han contribuido las dos partes: por un lado la Cámara de Diputados controlada por Morena y sus aliados; por el otro un grupo de consejeros encabezados por Córdova y Murayama.
En la sesión el primero aseguró que el INE ya ha hecho suficiente y que quien diga lo contrario miente; el segundo no dudó en señalar que cumplen con la constitución y “no los caprichos del gobierno en turno”.
La votación dividida refleja precisamente el dilema que enfrenta el INE: hacer la consulta con los escasos recursos de que dispone o de plano suspenderla indefinidamente. La decisión que prevalece hasta el momento, a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva de manera definitiva este asunto, es que el proceso de revocación de mandato queda suspendido parcialmente.
Lo único visible para la ciudadanía seguirá siendo la recolección de firmas de respaldo a la petición.
Después de la polémica decisión, los escenarios que se aprecian en el horizonte son los siguientes: 1) que el TEPJF confirme el acuerdo del INE y le ordene a la Cámara de Diputados dotarlo de recursos para las siguientes etapas del proceso de revocación de mandato; 2) que el TEPF revoque el acuerdo del INE y le ordene a éste hacerlo con los recursos con los que ya cuenta, instalando el mismo número de casillas de una elección constitucional; y 3) que el TEPF revoque el acuerdo del INE y le ordene a éste hacerlo con los recursos disponibles, instalando un mínimo de casillas y realizando solo las actividades posibles.
Pero también podría darse otro escenario paralelo: 1) que la Cámara de Diputados inicie un juicio político en contra de los consejeros que votaron a favor de la suspensión parcial del proceso, por incumplir con el mandato constitucional que tienen, aunque no dispongan de suficientes recursos para hacerlo; 2) que la Cámara de Diputados inicie un juicio político en contra de todos los consejeros, aunque algunos se hayan pronunciado por otras alternativas; y 3) que la Cámara de Diputados inicie un juicio político en contra de los consejeros Córdova y Murayama, que han sido los más protagónicos y contestatarios con el gobierno federal y su partido.
Ante estos escenarios la gran pregunta es ¿dónde queda la ciudadanía? La revocación de mandato es un instrumento jurídico pensado para darle a los ciudadanos la posibilidad de incidir en la permanencia de los gobernantes en el poder, pero si no se le dota de suficientes recursos al órgano electoral surgen dudas sobre la voluntad política del gobierno. A su vez, si dentro del INE tampoco se muestra suficiente voluntad de la mayoría de sus integrantes del consejo general, para privilegiar la política por encima de la confrontación, surgen muchas dudas de su vocación de servicio y de compromiso con la ciudadanía. En síntesis, el INE ha llegado a una encrucijada que podría modificarlo en su composición. El desenlace es de pronóstico reservado.
