El programa de devolución de derechos de agua se fusiona

En la Fracción XV del Artículo Bis 5, acerca de la Política Hídrica Nacional se menciona a la letra: La gestión del agua debe generar recursos económicos y financieros necesarios para realizar sus tareas inherentes bajo el principio de que “el agua paga el agua”, asumimos que cuando fue redactado se esperaba que los recursos fueran suficientes para una adecuada gestión.

Sin embargo, y por múltiples razones, nunca los recursos no han sido los esperados, a pesar de algunos instrumentos económicos exitosos, como lo es el Prodder, “Programa de Devolución de Derechos”, tiene su origen en un esfuerzo del Gobierno Federal por incrementar los ingresos regularizando los adeudos que presentaban los prestadores de los servicios de agua y saneamiento, las condonaciones comprendieron el periodo de 1997 a 2001, el compromiso era que comenzarán a pagar a partir del año 2002.

El decreto presidencial, en conjunto con la modificación a la Ley Federal de Derechos en sus Artículos 223-B y 231-A, publicado el 1 de Enero del 2002, permitía que los pagos por derechos de los SAPyS, se pudieran invertir en acciones de mejoramiento de su eficiencia, así como en infraestructura de agua potable y saneamiento, desde ese año se advertía ya la disminución y falta cada vez más creciente de inversión en el subsector.

De parte de Conagua se reconocía que: “el programa es innovador porque convierte un instrumento de pago en una fuente de financiamiento, ya que los recursos que pagan los Prestadores de los Servicios se les reintegran para invertirse en el sector de una forma específica y eficiente, con el efecto multiplicador que duplica la inversión”, a todas luces el objetivo era tratar de asegurar una fuente adicional de recursos para hacer frente a la responsabilidad que se les entregó a los Municipios en 1999, respecto a hacerse cargo de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento.

Su éxito se refleja en el monto de derechos recaudado, en el año 2001 la recaudación por el uso público urbano se ubicaba en los 775.10 millones de pesos, mientras que en el año 2002 (año de su instrumentación) se había incrementado a 2 mil 34.80 millones, es decir,  262.52%.

Ahora bien, una cosa es lo que se recauda y otro muy diferente lo que se devuelve por dicho programa, monto que se ha reducido con el paso del tiempo, en 2003 se devolvió el 100% por parte de la SHCP, en 2010 el monto devuelto fue de 92%, y para el 2015 el monto apenas alcanzó 64%, hay varias razones que pueden explicar esto: que las acciones no sean aprobadas tanto por Conagua como por la SHCP; que los municipios hayan caído nuevamente en mora en sus pagos de derechos, también la falta de recursos económicos de los organismos operadores para su contraparte, hasta el hecho de desconocimiento y falta de personal para solicitarlo.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión reportó en la Cuenta Pública 2023 que solicitó a la SHCP la autorización de 3 millones 5 mil 16 pesos para la devolución de derechos a 603 prestadores de servicios participantes en el Prodder, de los que autorizó 2 millones 601 mil 471.8 pesos (86.6%), y la Tesorería de la Federación transfirió un millón 201 mil 533.2 pesos, lo que representó 40.0% del monto solicitado, para otorgarlos a 225 prestadores de servicios beneficiarios del Prodder, en 2023 (ASF, 2024).

A pesar de que existieron lineamientos, en 2025 no se ha transferido ningún recurso, tal vez debido a que en 2026 la Comisión anuncia que este programa ya no se encuentra vigente y será fusionado en el Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS), aunque aún no se pueden consultar sus lineamientos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se encuentra explícita su creación.

Esperamos que en este nuevo programa se mantenga, fortalezca y reconozca la importancia de mantener el estímulo, proponemos para ello, que se agilice el proceso de aprobación y devolución, un programa de regularización de adeudos de derechos impagables de los municipios,  que el programa no esté sujeto a suficiencia presupuestal, puesto que bajo el precepto de “el agua paga el agua”, estos recursos no deben escatimarse, si ya fueron cobrados, deben aplicarse al subsector de agua y saneamiento, y finalmente, reconocer el éxito que tuvo este programa e incentivarlo desde los tres órdenes de gobierno.

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