El riesgo de la intocabilidad del INE

El domingo pasado se realizó en la CDMX, y en muchas otras ciudades del país, la marcha opositora a la propuesta de reforma electoral del presidente AMLO, presentada en abril de este año, cuyo principal grito de consigna fue: “El INE no se toca”. Vale la pena reflexionar sobre esta frase, porque se corre el riesgo de hacerlo intocable, lo cual es peligroso para toda organización o institución.

Está históricamente demostrado que, con el tiempo, todas las organizaciones humanas tienen a desarrollar sus propios intereses; que las burocracias dirigentes se oponen con frecuencia a los cambios por los riesgos que representan para su permanencia en el poder o para el disfrute de sus privilegios. La resistencia a la crítica es un riesgo que debe calibrarse objetivamente. En algún momento, Lorenzo Córdova ha llegado al extremo de afirmar que atacar a INE es un atentado contra el sistema democrático.

Es obvio que después de 32 años de existencia la burocracia del INE ha desarrollado sus propios intereses. Por eso defienden el estatus quo existente con tanta vehemencia, bajo el argumento de que son derechos laborales adquiridos. Al mismo tiempo, se atribuyen conquistas democráticas como si fueran algo propio y no de toda la ciudadanía. Por ejemplo, Ciro Murayama ha dicho que el INE ha sido factor determinante de la alternancia en los poderes federal, local y municipal.

Aunque no necesariamente tenga que ser en los términos de la iniciativa de AMLO, el INE no debe cerrarse a los cambios. Eso mismo aplica para todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Los críticos de la reforma se oponen a ella bajo el argumento de que el gobierno federal quiere controlar al INE, como si este fuera un órgano impoluto. No reconocen que en su seno han estado y están personajes muy ligados a los poderes federales y locales.

Parecen olvidar que durante años los empleados del entonces IFE estaban también en la nómina de muchos gobiernos estatales. Todavía a principios de este siglo recibían diversos apoyos para su operación. Por ejemplo, en el Estado de México, el gobierno estatal prestaba vehículos para el transporte de su vocal ejecutivo, entre otros privilegios. Eso hacía muy vulnerable a los funcionarios de la Junta Local, quienes recibían fuertes presiones del PRI, a fin de obtener información vital para sus intereses políticos.

Muchos de los que se oponen a que el gobierno actual capture al INE y a los OPLEs, no saben que algunos ya están capturados por los gobiernos estatales o por los partidos políticos que los impulsaron para llegar a esos cargos. Una y otra vez les han cobrado la factura por ese hecho. Esa es una realidad que muchos pretenden ocultar, para que nada cambie y permanezcan en su zona de confort.

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Basta con ver los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que realizó el INEGI en 2020, para saber que el INE y los OPLEs han sido incapaces de eliminar la compra y coacción del voto durante los procesos comiciales, el desvío de recursos públicos a las campañas u otros delitos electorales recurrentes. Tampoco ha sido capaz de aumentar el grado de satisfacción de la ciudadanía con la democracia mexicana.

Por eso es peligroso mantener la postura irreductible de que el INE no se toca. Ninguna organización debe ser inmutable. Tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, sin perder su funcionalidad. Deben transformarse periódicamente. En todo momento deben enfrentar el reto de “renovarse o morir”.