El territorio invisible del crimen, la captura social en México

“La fortaleza del crimen organizado en México no sólo se explica por su capacidad armada o financiera, sino por su penetración en comunidades vulnerables, su capacidad de sustituir al Estado y de construir arraigo social en territorios marcados por la ausencia institucional. La verdadera disputa de fondo no es únicamente por las plazas, sino por la lealtad cotidiana de la sociedad”.

Durante años, se ha analizado al crimen organizado como una amenaza armada, financiera y territorial.

Se mide por su capacidad de fuego, control de rutas, poder de corrupción y por la violencia que despliega para someter regiones enteras; sin embargo, esa lectura, aunque necesaria, sigue siendo incompleta.

El verdadero poder de estas organizaciones no radica solamente en su estructura operativa, sino en algo más profundo, más silencioso y peligroso: su capacidad para construir una base social.

Ningún grupo criminal se sostiene durante tanto tiempo con armas, dinero o terror. Para mantenerse, expandirse y reproducirse necesita arraigo, comunidades vulnerables, jóvenes sin expectativas, economías locales debilitadas, autoridades ausentes o desacreditadas, redes de silencio y una normalización progresiva de su presencia.

Es en este punto donde el crimen deja de ser únicamente una organización ilegal y comienza a convertirse en un poder
paralelo.

La captura social del crimen organizado ocurre cuando sus estructuras logran infiltrarse en la vida cotidiana, no sólo imponen miedo, reparten apoyos, generan ingresos, ofrecen protección, sustituyen reglas y construyen una narrativa de pertenencia.

En algunos lugares, su presencia llega a parecer más constante que la del propio Estado y cuando esto sucede el problema ya no puede leerse únicamente desde la óptica policiaca o militar, estamos frente a
una disputa mucho más profunda: la del control social del territorio.

Necesarias, estrategias preventivas y no reactivas.

El crimen organizado prospera ahí donde el Estado pierde capacidad de presencia, de legitimidad y de respuesta. Crece donde la escuela deja de contener, el empleo formal no alcanza, la autoridad local está capturada o rebasada y la denuncia se percibe no como un derecho, sino como un riesgo.

En esos espacios, la organización criminal no sólo recluta sicarios; recluta aceptación, tolerancia, dependencia y, en muchos casos, hasta una forma
distorsionada de identidad comunitaria.

Uno de los mayores reveses del Estado mexicano es haber entendido durante demasiado tiempo la seguridad como una tarea predominantemente reactiva.

Se persigue al delincuente, se despliega fuerza, se capturan líderes, se anuncian operativos y se decomisan armas o
droga.

Pero si no se desmonta la base social que da sustento al crimen, el fenómeno se recompone.

Cambian los nombres, cambian los mandos, cambian las siglas, pero no cambia la lógica de dominación. La fuerza pública contiene, la inteligencia puede desarticular y la procuración de justicia debe sancionar.

Pero ninguna de esas herramientas, por sí sola, reconstruye comunidad, y donde no se reconstruyen comunidades el crimen vuelve a entrar.

Por lo anterior, nuestro país necesita asumir que la verdadera batalla no se libra únicamente en los grandes aseguramientos ni en las capturas de alto perfil, sino en el tejido social.

Se libra en la colonia abandonada, en la escuela que expulsa, en la familia sin redes de apoyo, en el municipio que no puede gobernar y en el joven que encuentra en el crimen el único horizonte de ingreso, reconocimiento o pertenencia.

Cinco cosas de fondo que el Estado mexicano tendría que hacer

• La primera: reconocer que el combate al crimen organizado no puede agotarse en la coerción, la recuperación territorial debe ir acompañada de recuperación institucional y recuperación social. Donde entra la fuerza del Estado, también deben entrar la escuela, la salud, la justicia, el empleo y la política social focalizada, de lo contrario, la intervención será apenas temporal.
• La segunda: construir una política nacional de prevención del reclutamiento criminal no como eslogan, sino como estrategia real de Estado. El reclutamiento no empieza cuando un adolescente empuña un arma; comienza cuando pierde vínculo con la escuela, normaliza la violencia, carece de perspectivas y descubre que la organización criminal le ofrece dinero, identidad y un lugar en el mundo. Si el crimen ofrece pertenencia antes que el Estado, entonces el Estado ya llegó tarde.
• La tercera: fortalecer a los municipios. La base social del crimen se arraiga en lo local, se nutre en el barrio, en la comunidad, en los mercados, en el transporte y en las economías cotidianas. Sin policías municipales confiables, sin inteligencia territorial, sin prevención social y sin
  controles anticorrupción, el municipio queda reducido a una figura decorativa frente a poderes criminales cada vez más sofisticados.
• La cuarta: desmontar las economías ilegales que se mezclan con la vida diaria. No basta combatir el gran tráfico de drogas si en paralelo se permite que la extorsión, el cobro de piso, la trata, el narcomenudeo y el lavado se conviertan en parte de la normalidad económica de muchas regiones. Cuando el dinero criminal penetra la subsistencia cotidiana, la base social del delito deja de ser una red periférica y se vuelve una estructura de dependencia.
• La quinta: reconstruir legitimidad, ninguna política de seguridad será duradera mientras la ciudadanía siga viendo a muchas de sus autoridades con desconfianza, escepticismo o abierto desprecio. La captura social del crimen no sólo avanza por la fuerza de las organizaciones; también avanza por la debilidad moral e institucional del Estado. Donde la ley pierde credibilidad, el crimen gana espacio para presentarse como orden, arbitraje o protección.

México debe comprender de una vez por todas, que la seguridad no se recuperará sólo con operativos, discursos de ocasión, ni cambios cosméticos en la estrategia.

La disputa real es por la lealtad cotidiana de la sociedad, por la confianza de las comunidades y por la imaginación de los jóvenes. Ahí se decide si el país fortalece a sus instituciones o sigue cediendo espacio a poderes criminales que no sólo matan, sino que también administran obediencias.

El desafío de México no es únicamente desmantelar cárteles, sino impedir que el crimen siga echando raíces en la vida cotidiana de comunidades enteras.

Porque cuando una organización criminal logra sustituir al Estado en la economía, la protección, la identidad y hasta en la esperanza, el problema deja de ser sólo de seguridad, se convierte en una crisis de soberanía.

Y un país que permite que el crimen ocupe el lugar de sus instituciones no sólo pierde territorios; comienza, poco a poco, a perderse a sí mismo.

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