Empresario mexicano denuncia abuso judicial y retención ilegal de bienes en Panamá

Un empresario mexicano con inversiones en Panamá denunció una serie de irregularidades en su contra por parte de autoridades panameñas, entre ellas, la retención ilegal de su patrimonio, la falsificación de documentos judiciales y la negativa del Ministerio Público para cumplir con resoluciones emitidas por jueces.

El empresario, quien pidió mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, asegura que desde octubre de 2019 ha enfrentado una persecución sin fundamentos legales. Ese mes, el Ministerio Público de Panamá ordenó la confiscación de sus bienes, cuentas bancarias y vehículos, estimados en 18 millones de dólares. Según su testimonio, no existía ninguna investigación formal ni delito imputado al momento de esta acción.

En una transcripción oficial fechada el 6 de marzo de 2025, correspondiente a una audiencia del 29 de septiembre de 2022, el juez Carmelo Zambrano declaró que “por esta situación y estas incongruente[s]… yo tengo como no presentada la imputación”, reconociendo la falta de individualización adecuada en la acusación presentada por la fiscalía. A pesar de esta resolución, la fiscalía habría mantenido la retención de bienes del empresario.

El documento presentado por la defensa también señala que la fiscal Isis Soto envió un oficio al Procurador General Luis Gómez Rudy el 12 de febrero de 2025, en el que afirma que aún está pendiente una audiencia de imputación. Sin embargo, la audiencia ya fue celebrada y resuelta en contra del Ministerio Público más de dos años antes.

De acuerdo con la documentación proporcionada, la jueza Clara Montenegro ordenó el levantamiento de las medidas cautelares el 28 de octubre de 2022. Pese a esta orden judicial, el empresario señala que sus cuentas bancarias continúan congeladas y sus propiedades permanecen bajo custodia estatal.

En su declaración jurada, el empresario denunció además otras acciones que califica como arbitrarias: fue retenido durante más de 70 horas en el aeropuerto sin orden judicial; le retiraron físicamente su visa de inversionista; y sus vehículos habrían sido utilizados por funcionarios, incluso después de haberse ordenado su restitución.

El empresario responsabiliza directamente a la fiscal Isis Soto, al fiscal Marcos Mosquera y a la fiscal Sandy Cedeño de presuntas acciones de corrupción, y solicita al Procurador General de Panamá que intervenga en el caso.

También solicitó la devolución inmediata de sus bienes y el cierre definitivo del caso en su contra, al considerar que no existen pruebas que sustenten la investigación. El empresario aseguró contar con auditorías contables que respaldan la legalidad de sus operaciones, las cuales habrían sido omitidas por la fiscalía.

El caso sigue abierto a pesar de las resoluciones judiciales emitidas desde 2022. El empresario advirtió que su situación podría no ser única y llamó a las autoridades panameñas a revisar otros posibles casos de abuso judicial y uso indebido del sistema de justicia.