Empresarios del municipio de Los Reyes la Paz hicieron un llamado al magistrado Miguel Ángel Silva Santillan del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Nezahualcóyotl, para que actúe con ética y objetividad en el juicio para dirimir el conflicto por la propiedad de los terrenos donde se asientan sus empresas desde hace medio siglo y las cuales son reclamadas por el Ejido de Los Reyes y su Barrio Tecamachalco.
Conflicto por terrenos entre empresarios de Los Reyes La Paz
La disputa por esos terrenos entre más de 25 empresas y ejidatarios del barrio de Tecamachalco se ha prolongado por más de diez años sin que los tribunales agrario y administrativo hayan emitido una resolución definitiva, por lo que se espera que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ponga fin al conflicto.
Javier Cuéllar Romero, uno de los empresarios afectados, denunció que los magistrados del Tribunal Superior Agrario no han revisado adecuadamente las pruebas presentadas por los representantes de las empresas involucradas, -que incluye información el Registro Público de la Propiedad- los cuales, aseguró, demuestran que sus inmuebles no invaden tierras ejidales.
“Todos los magistrados del Tribunal Superior Agrario, que han estado en este juicio, nunca se han tomado la molestia de revisar bien las pruebas que presentamos. Creemos que en este caso hay tráfico de influencias y corrupción, lo cual nos afecta gravemente a las empresas que damos empleo a miles de familias”, aseveró.
Tribunal Agrario de Texcoco ya había emitido dos resoluciones
Recordó que el Tribunal Agrario de Texcoco emitió dos resoluciones en favor de los empresarios, pero en una segunda instancia les otorgó a los ejidatarios una resolución favorable porque presentaron un plano elaborado por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) en 2003, el cual, aseguró, carece de validez oficial y aun así, fue aceptado como elemento de prueba.
Dijo que los empresarios han acudido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Procuraduría Agraria y a la Suprema Corte de Justicia del Estado de México y a otras instituciones como el Imevis, el Insus y la Sedatu, las cuales se espera que revisen el expediente.
Cuéllar Romero aseveró que para los empresarios ha sido un proceso desgastante en el que no se ha logrado una resolución justa para quienes generan empleos y contribuyen con el desarrollo económico del estado y del municipio.
“Queremos que se solucione el conflicto y se dé la razón a quien la tenga, pero con pruebas reales, no planos comprados y, si existen sobornos o actos de tráfico de influencias, se sancione a los responsables, sean exfuncionarios o magistrados, porque la ley debe ser pareja para todos”, advirtió el empresario.
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MPH

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