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En el Estado de México, el combate a la corrupción sigue atrapado entre diagnósticos, discursos y estructuras que no lograron romper la impunidad. Esta jueves, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE) planteó que ya no basta con reconocer el problema, es necesario construir instituciones con capacidad real para investigar, sancionar y cerrar el paso a prácticas que aún contaminan el entorno de los negocios y la relación con la autoridad.
Empresarios mexiquenses piden dejar el discurso anticorrupción y crear mecanismos que sí castiguen
En esta reunión, denominada “Seguimiento a las Acciones en el Entorno Empresarial”, realizada en Toluca entre representantes del sector privado y del Sistema Estatal Anticorrupción, el empresariado mexiquense propuso avanzar en una agenda de fortalecimiento institucional y de integridad corporativa, pero también puso sobre la mesa que la corrupción no sólo persiste, sino que ha encontrado en la debilidad de las sanciones y en la ineficacia de la denuncia un terreno fértil para reproducirse.
El presidente del CCE mexiquense, Germán Jalil Hernández, sostuvo que el problema ya había sido suficientemente medido. Recordó que, en coordinación con el Sistema Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, se realizó un estudios sobre la percepción de la corrupción en más de 300 unidades económicas, segmentadas entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Para el dirigente, el punto ya no era descubrir que la corrupción existía, sino dimensionar cuánto dañaba a la economía estatal y, sobre todo, qué decisiones debían tomarse para desactivarla.
Desde esa óptica, el empresario planteó que el verdadero riesgo era normalizarla. Es decir, aceptar como parte de la rutina que un trámite avance solo con dádivas, que una gestión requiriera favores o que la discrecionalidad pública siga funcionando como peaje para quien produce, invierte o intenta abrirse paso en la maraña burocrática.
Una de las rutas que propuso el CCE fue la construcción de una agenda de integridad empresarial que armonice reglas internas con estándares nacionales. La propuesta incluyó la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Empresariales y Corporativas, así como un Código Modelo de Integridad y Ética para organismos afiliados. No obstante, el planteamiento empresarial no se quedó en la autorregulación del sector privado, sino que apuntó también a las fallas del aparato público.
Las propuestas del CCE para 2026
Jalil Hernández advirtió que uno de los mayores obstáculos seguía siendo la denuncia. Según lo expuesto, 90% de los hechos de corrupción no se denuncian por miedo a represalias, a que un trámite sea congelado o por la creencia de que no sirve de nada denunciar. Y aun cuando una parte de esos casos sí llegaba a reportarse, el margen de castigo seguía siendo mínimo.
El sector empresarial expresó además su disposición para acompañar la implementación en el Estado de México de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, para que existan menos ventanillas opacas, menos discrecionalidad y menos espacios donde la corrupción pudiera presentarse como atajo o condición para avanzar. Simplificar, digitalizar y automatizar trámites apareció así no sólo como una medida de eficiencia administrativa, sino como una vía para contener prácticas irregulares enquistadas en la relación entre ciudadanía, empresas y gobierno.
En la reunión participaron integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y del Poder Legislativo mexiquense, entre ellos el diputado Gerardo Pliego Santana, presidente de la Comisión de Anticorrupción de la LXII Legislatura; Alberto Gándara Ruiz Esparza, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Anticorrupción del Estado de México, así como funcionarios de la secretaría ejecutiva del sistema.
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