Líderes del sector empresarial del Estado de México expresaron una profunda preocupación por las modificaciones a la Ley de Amparo aprobadas por el Senado de la República la noche del miércoles, y advirtieron que la reforma debilita el Estado de derecho y deja en vulnerabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas ante actos de autoridad.
Sector empresarial del Edomex expresó su preocupación por las modificaciones a la Ley de Amparo
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Mauricio Massud Martínez, señaló que las reformas aprobadas “tienen tintes autoritarios y retroactivos”, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum había prometido que no se aplicarían de esa manera. Subrayó que, aunque el cambio legal se ha justificado en la búsqueda de una mayor recaudación fiscal, en la práctica “afecta a toda la ciudadanía y a los sectores productivos” que utilizan el amparo como mecanismo de defensa frente a decisiones arbitrarias.
“Esta reforma deja en estado de indefensión a los empresarios, especialmente a las PYMES, porque elimina la posibilidad de suspender los efectos de créditos fiscales mientras se resuelve un litigio. En la práctica significa que el SAT puede determinar un adeudo, congelar cuentas y paralizar la operación de un negocio durante meses o años, antes de que se dicte sentencia definitiva”, advirtió.
Massud agregó que el amparo es un instrumento “más común de lo que se cree” para evitar actos de autoridad injustificados. Puso como ejemplo los casos en que la Comisión Federal de Electricidad impone cobros elevados sin justificación y las empresas recurren al amparo para evitar cortes de energía.
“Ahora, con esta reforma, el empresario queda a merced de la autoridad sin poder defender su derecho a seguir operando”, puntualizó.
Por su parte, Julián Niembro Rivera, presidente de la Coparmex Estado de México, calificó el cambio como “un grave retroceso para la justicia mexicana”. Afirmó que los senadores ignoraron las advertencias de la iniciativa privada, que durante las últimas semanas solicitó reconsiderar el dictamen. “Nos dejaron indefensos ante las arbitrariedades del gobierno. Es una traición a los ciudadanos y un golpe directo a la confianza en las instituciones”, sostuvo.
Niembro advirtió que la incertidumbre jurídica que genera la reforma afectará la inversión nacional y extranjera, al disuadir a empresarios que busquen instalar o expandir sus operaciones en el país. “¿Quién va a invertir en un país donde el gobierno puede bloquear cuentas o incautar recursos sin posibilidad de defensa legal? Esta ley destruye la confianza en México como destino de inversión”, sentenció.
Respeto al Estado de derecho
El dirigente empresarial llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a ejercer su facultad de veto y frenar la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. “Esperamos que honre su palabra y detenga una ley que vulnera la Constitución y el principio de no retroactividad. No puede avalar una reforma que elimina las garantías jurídicas básicas”, expresó.
En un posicionamiento aparte, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE Edomex), presidido por Germán Jalil Hernández, manifestó su coincidencia con las preocupaciones del sector. El organismo advirtió que la eliminación de instrumentos legales de defensa afecta directamente a las empresas formales, que ya operan en un entorno complejo.
“El respeto al Estado de derecho y a la presunción de inocencia son pilares de toda relación entre el gobierno y el sector privado. Nos preocupa especialmente el impacto en las micro y pequeñas empresas, que no cuentan con los recursos para enfrentar litigios prolongados y podrían perder empleos ante un clima de incertidumbre”, señaló el CCE mexiquense.
El organismo reiteró su rechazo a las malas prácticas empresariales, como las factureras, pero subrayó que la legalidad debe aplicarse de forma pareja: “Parte del problema proviene también de autoridades que no se apegan a la ley”.
Los líderes empresariales coincidieron en que la reforma mina la confianza jurídica, elemento fundamental para el desarrollo económico. Advirtieron que, de mantenerse, la nueva Ley de Amparo podría tener efectos devastadores sobre la inversión, el empleo y la estabilidad de miles de negocios en el país.
Los empresarios coinciden en considerar que las modificaciones a la Ley de Amparo afectarán negativamente a los pequeños negocios. Foto Especial
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