Explotación de mina reaviva conflicto entre Zumpango y Tequixquiac

La presunta explotación ilegal de una mina dentro de un Área Natural Protegida expuso un nuevo conflicto entre los municipios de Zumpango y Tequixquiac.

El conflicto derivó en la suspensión de actividades de un sindicato identificado como CTC, el cual aseguró tener el permiso para dichas actividades, y en una serie de bloqueos carreteros que afectaron a vecinos de esa región.

Explotación de mina reaviva conflicto

El gobierno local de Zumpango informó que la extracción de materiales se ha llevado a cabo durante varios meses en el Parque Estatal para la Protección y Fomento del Santuario del Agua Laguna de Zumpango, área decretada como protegida desde el 23 de junio de 2003.

Sin decir nombres, el gobierno local señaló en un comunicado que dicho grupo ha reconocido públicamente contar con el respaldo del padre de una alcaldesa de un municipio colindante, situación que calificó como “grave, delicada y que debe ser esclarecida por las instancias competentes”.

Por ello las autoridades locales y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) llevaron a cabo la suspensión de la mina y en respuesta los transportistas realizaron B loqueos en avenidas principales como medida de presión.

La administración municipal también alertó sobre los daños colaterales asociados a estas actividades.

Precisó que las unidades utilizadas para el traslado de material superan las 15 toneladas por viaje, lo que ha generado “deterioro acelerado de carreteras, riesgos a la seguridad vial y congestionamientos constantes”, así como afectaciones a la infraestructura urbana.

Zumpango y Tequixquiac también se enfretanron por un cárcamo de agua

En octubre pasado, ambos municipios se confrontaron públicamente por la posesión y operación de un cárcamo de agua potable que abastece a la comunidad Wenceslao Labra, ubicada en una franja limítrofe.

En aquella ocasión, las administraciones municipales intercambiaron acusaciones de ilegalidad y violación de límites territoriales, sin que hasta ahora exista una resolución definitiva.

El gobierno de Zumpango reiteró su postura de defensa ambiental y legal, pues aseguró que “los recursos naturales no son negociables, no son botín político ni económico, y su defensa es una obligación legal y moral”.

Adelantó que dará vista a las autoridades correspondientes para que se investigue y sancione cualquier acto que atente contra el patrimonio ambiental de la región.

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