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En Naucalpan existen más de 700 anexos y centros de atención a las adicciones; sin embargo, apenas el 10% opera bajo condiciones de regularidad, reveló el exsecretario del Ayuntamiento, Mauricio Aguirre.
El exfuncionario del ayuntamiento explicó que la mayoría de estos espacios se ubican en zonas populares como San José de los Leones, Totolinga, Altamira y Plan de Ayala; además de algunos en colonias residenciales como Satélite y Boulevares. Entre ellos destaca el Centro de Integración Juvenil, considerado el más formal y el modelo a seguir en el municipio.
Regularización de anexos corresponde a la Secretaría de Salud del Edomex
Aguirre subrayó que la regularización de los anexos no corresponde a los gobiernos municipales, sino que es un tema de salud pública que debe ser atendido directamente por la Secretaría de Salud, ya que implica trámites y supervisión especializada.
“El municipio únicamente emite licencias de funcionamiento, pero la vigilancia de los esquemas de internamiento corresponde al sistema de salud estatal”, puntualizó.
El problema, dijo, se arrastra desde la década de los 90 y “ha sido ignorado por las autoridades. En algunos de estos centros, lejos de ofrecer rehabilitación, se han detectado prácticas ilegales como el consumo e incluso la venta de drogas”.
En la zona de la Cuenca de San Mateo, se han registrado casos de internos que escapan, lo que evidencia la falta de control y protocolos adecuados. “Los municipios solo han tratado de contener y regular, pero no tienen facultades para garantizar que estos espacios cumplan con las condiciones necesarias”, agregó.
Anexos de Naucalpan deben acreditar que cumplen con las normas mínimas
El exsecretario recordó que en 2018 integrantes de anexos bloquearon la Junta Municipal Electoral, impidiendo el conteo de votos.
Aguirre insistió en que es urgente abrir una mesa de atención interinstitucional para revisar la situación de los anexos en Naucalpan. “No se trata de manifestaciones ni bloqueos, sino de acreditar que cumplen con las condiciones mínimas para lograr su objetivo: la rehabilitación de los adictos”, señaló.
Además, denunció que en algunos de estos lugares los pacientes son sometidos a condiciones infrahumanas, lo que convierte la supuesta atención en un riesgo para su salud y dignidad.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de salud para que se regule y depure la operación de los anexos, de manera que solo permanezcan aquellos que realmente cumplen con los estándares necesarios para atender las adicciones. “La rehabilitación no puede ser un negocio improvisado ni un espacio de abuso; debe ser un proceso seguro y digno”, concluyó.
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MPH
