Miguel Ángel Osorno Zarco afirma que en administraciones pasadas se pedían reportes mensuales al titular, como si fuera una dependencia; advierte pérdida de autonomía, disminución de recomendaciones y debilitamiento de la fuerza moral de la institución
Tras años de desaparecer del servicio público, el extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de 2001 al 2005, Miguel Ángel Osorno Zarco, aseguró que sabe de buena fuente que el gobierno del Estado de México le pedía a titulares de la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) entregara reportes mensuales de sus actividades, como si el organismo autónomo fuera una dependencia subordinada.
En su despacho en el que trabaja de manera independiente desde hace años, Osorno Zarco, acepta platicar con La Jornada Estado de México, para dar un balance y opinión sobre cómo ha evolucionado esta comisión, que fue punta de lanza a nivel nacional cuando nació en diciembre de 1993.
Necesaria la congruencia
A pocos días de que concluya el periodo de la actual presidenta, Myrna García Morón, y el Congreso local designe a su sucesor o sucesora, el exombudsman consideró que ese tipo de prácticas “carecen de congruencia y lógica” con la naturaleza de la Codhem y minan su independencia.
“El único informe que la comisión debe rendir es ante la Legislatura, que representa la soberanía popular y que nombra a su titular. No tiene por qué enviar reportes mensuales al Ejecutivo. Eso, además de improcedente, manda un mensaje de subordinación”, sostuvo.
Aseguró que esta forma de intromisión, incluso si no se practica actualmente, ha dejado huella en la operación del organismo, que a su juicio ha perdido peso político y relevancia social.
“Si se somete a alguno de los tres poderes, la Comisión ya no sirve para nada. Pierde su fuerza moral, que es la que le permite señalar, con pruebas, dónde y quién está mal”, remarcó.
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Debilitamiento de la autonomía de la Codhem
Osorno indicó que el debilitamiento de la autonomía se refleja también en la manera en que hoy se presentan los informes anuales, en un evento social dentro de las instalaciones de la Codhem.
Recordó que, en su época, estos eran actos republicanos e institucionales, realizados en sesión solemne en el Congreso local, con la asistencia obligada de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de representantes de la sociedad civil y medios de comunicación.
“No es un asunto de cortesía ni de gustos personales. Es el nivel institucional que se le daba a la comisión. El informe era un espacio para exponer, con respaldo documental, qué estaba fallando en las políticas públicas y en la actuación de las autoridades. Hoy, en cambio, se mandan por escrito o se presentan en el auditorio de la comisión, ante un público limitado y sin el mismo impacto político ni social”, lamentó.
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Mayor transparencia
Ataviado con su característico traje y corbata, el extitular de la Codhem señaló que percibe que el número de recomendaciones que emite el organismo han disminuido de manera importante con los años y que, cuando se emiten, no siempre incluyen los nombres y cargos de los funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos.
“Esa visibilidad es indispensable. El funcionario que recibe una recomendación en su contra cuida su secretaría y a su personal. Si no hay nombres, se diluye la responsabilidad y el efecto correctivo”, aseveró.
A pesar de esta crítica fraterna al organismo que alguna vez encabezó, reconoció que recientemente la Codhem ha asumido nuevas atribuciones, como participar en procedimientos de indulto o en acciones de inconstitucionalidad.
Insistió en que su misión central sigue siendo la atención directa y rápida de quejas por abusos concretos, muchas veces invisibles para la opinión pública: detenciones ilegales, torturas, negligencias médicas o abusos en hospitales y centros de detención.
“El trabajo fuerte está con el ciudadano que no tiene abogado y que no puede llegar solo al Ministerio Público. Si la comisión se vuelve una oficina burocrática que pide regresar mañana con más documentos, deja de cumplir su función”, advirtió.
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Para Osorno, gran parte de las violaciones que atiende la Codhem tienen su origen en la saturación de trabajo de las agencias del Ministerio Público y de los juzgados.
“No es solo corrupción, que sí existe, sino que no hay suficientes agentes, jueces, notificadores ni defensores. Un mismo Ministerio Público debe iniciar carpetas, atender audiencias y llevar miles de asuntos, lo que impide una atención adecuada y provoca que los casos se queden rezagados durante años”, explicó.
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Propuestas para la Codhem
Propuso que, en lugar de centrar el debate en si la Comisión debe tener “dientes” para obligar el cumplimiento de sus resoluciones, se impulse una política para reforzar con personal suficiente y capacitado las áreas de procuración y administración de justicia en la entidad.
“Si esas instancias funcionaran con el personal necesario, se evitaría gran parte de las violaciones que llegan a la Codhem”, afirmó.
El ahora abogado litigante indicó que la creación de áreas como Medicina Legal, Trabajo Social y el Centro de Estudios de Derechos Humanos, fue parte de su legado en la institución lo que permitió contar con peritos propios para sustentar las recomendaciones sin depender de otras instancias. También se adquirió el terreno donde se edificó la actual sede de la Codhem y los que hoy albergan a las visitadurías de Ecatepec y Nezahualcóyotl, municipios con alta incidencia de abusos policiacos.
Con 34 años de trayectoria en el servicio público y experiencia en varias áreas de la Comisión, desde secretario de seguimiento hasta primer visitador, Osorno recordó que la fuerza moral del organismo radica en señalar, con sustento técnico, a las autoridades responsables, “trátese de quien se trate”.
Si bien considera positiva la conciliación como mecanismo para resolver conflictos, subrayó que la Codhem no debe convertirse en un centro de mediación vecinal. “Su función es señalar acciones u omisiones de la autoridad que vulneren derechos humanos. Ese fue el mandato original cuando se crearon las comisiones en los años 90: ser los ojos y oídos de la sociedad frente al poder”.
Lo necesario
Criticó que, en temas estructurales como la falta de personal en la Fiscalía y el Poder Judicial, el organismo haya guardado silencio y no se haya emitido posicionamiento al respecto.
“Cuando fui visitador y presidente, insistimos en ampliar plantillas de policías, defensores y ministerios públicos. Hoy esa carencia persiste, pero las comisiones han hecho mutis”, lamentó.
El próximo 19 de agosto, Myrna García dejará el cargo y dos días después la Legislatura local deberá elegir a una de las personas que se inscribieron al proceso de elección del titular y tomar protesta ante el pleno del Congreso mexiquense.
A solo unos días del relevo, Miguel Ángel Osorno recomendó que la Legislatura recupere el nivel institucional del organismo y blinde a su titular frente a presiones externas.
“Hay que limar los dientes al Ejecutivo para que deje trabajar a la Comisión con libertad. Solo así podrá recuperar su fuerza moral y su utilidad para la gente común, que es a quien debe servir”, concluyó.
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MPH