Feministas del Edomex exigen justicia en casos de violencia vicaria

Un grupo de mujeres feministas se manifestó en los Juzgados de lo Familiar de Huixquilucan para exigir que se atiendan con urgencia los más de 30 casos de violencia vicaria que permanecen sin resolución desde 2020.

Las manifestantes señalaron que la omisión de las autoridades ha generado un clima de abandono y terror entre las víctimas, quienes viven con el miedo constante de que sus hijos sean arrebatados o desaparecidos.

Denuncian aspiraciones políticas de Pepe Toño García

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del exdiputado de Morena, José Antonio García García, conocido como “Pepe Toño”, quien pese a estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios, ha iniciado acciones de campaña con la intención de contender por la presidencia municipal de Huixquilucan.

Las activistas advirtieron que resulta inadmisible que personajes con antecedentes de incumplimiento en sus obligaciones familiares puedan aspirar a cargos públicos, y pidieron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que se garantice la exclusión de los deudores alimentarios de los procesos electorales.

Las manifestantes exigieron que se hagan públicos los registros oficiales de dicho padrón, pues aseguran que la transparencia es indispensable para frenar la impunidad. “No pagar la pensión alimenticia es un acto de violencia y represión, y el sistema judicial no puede seguir normalizando esta conducta”, expresaron con firmeza.

Piden justicia por violencia vicaria desde 2020

Denunciaron además que en los juzgados persiste una violencia de género sistemática y sistémica, donde tanto el poder judicial como la sociedad y diversas instituciones reproducen prácticas que vulneran los derechos de las mujeres.

Las activistas recordaron que desde 2020 se han documentado más de 20 casos que hoy ya son reconocidos como violencia vicaria, tras la aprobación de su definición legal. Sin embargo, subrayaron que existen otros expedientes que llevan más de 15 años en espera de justicia, con mujeres que han vivido en condiciones de abandono y terror, temiendo constantemente por la seguridad de sus hijos y de ellas mismas.

La protesta exige al gobierno que se atienda de manera inmediata esta problemática, se sancione a los responsables y se garantice que ningún deudor alimentario pueda ocupar un cargo público. “La violencia vicaria es real, destruye vidas y no puede seguir siendo invisibilizada”, concluyeron las feministas, quienes advirtieron que continuarán con movilizaciones hasta que sus demandas sean escuchadas.

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MPH