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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició hace seis meses la investigación que derivó en el operativo para asegurar la planta de la cooperativa Cruz Azul en Tula, realizado la madrugada del 12 de febrero.
La denuncia fue presentada en agosto de 2025, luego de que el área jurídica de la empresa detectó la comercialización de cemento con su marca, presuntamente apócrifo, en establecimientos de Ecatepec y Tecámac.
Venta de cemento terminado de menor calidad
La cooperativa, fundada hace 95 años, enfrenta desde 2018 una disputa legal por el control de los Consejos de Administración y Vigilancia entre los grupos encabezados por Guillermo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Velázquez Rangel. En ese contexto, el grupo afín a Álvarez tomó el control de la planta de Tula —que incluye la Ciudad Cooperativa Cruz Azul—, mientras la facción de Velázquez mantuvo la dirección formal de la empresa entre 2020 y febrero de este año.
De acuerdo con información del proceso judicial, la administración reconocida comenzó a monitorear las operaciones realizadas desde Tula y detectó la venta de cemento terminado de menor calidad, en bultos con la marca de la empresa. La distribución del material presuntamente irregular se identificó en distintas entidades, incluido el Estado de México.
FGJEM inició hace seis meses investigación
En territorio mexiquense se ubicaron vehículos que transportaban toneladas de cemento, los cuales fueron seguidos por agentes ministeriales hasta establecimientos que lo adquirían a precios bajos y sin facturación. Las entregas se realizaban tanto en bultos como a granel.
La FGJEM fue la única fiscalía estatal que judicializó el caso y abrió una investigación formal. Con los datos recabados —entre ellos rutas de traslado y puntos de comercialización— el Ministerio Público solicitó a una jueza el aseguramiento de la planta de Tula.
Al conocer la medida cautelar, abogados de la cooperativa pidieron que, al ejecutarse el aseguramiento, se ordenara también la restitución del inmueble a la administración reconocida judicialmente. La jueza accedió, por lo que el operativo concluyó con la entrega formal de las instalaciones.
Se reaviva la pugna interna
La intervención ministerial finalizó la mañana del operativo; no obstante, la fiscalía mexiquense informó que continuará las indagatorias relacionadas con la presunta distribución de cemento apócrifo en el Estado de México.
En paralelo, la empresa dejó abierta la posibilidad de desistir del proceso judicial. En un mensaje dirigido a trabajadores, la dirigencia afirmó que los conflictos legales podrían resolverse próximamente y anunció la instalación de mesas de negociación con empleados que respaldaban a Guillermo Álvarez, sin detallar aún los alcances.
El episodio reaviva la pugna interna que ha marcado a la cooperativa durante casi ocho años y que ha tenido repercusiones corporativas y sociales, particularmente en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, donde la planta es eje económico regional.
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TAR
