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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ofreció una disculpa pública a una víctima e integrantes de su núcleo familiar primario, por abuso de autoridad.
La Fiscalía reconoció la afectación a sus derechos, a la seguridad jurídica, legalidad e inviolabilidad de su domicilio. El acto protocolario se llevó a cabo el pasado 06 de octubre, en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Cuautitlán.
FGJEM ofrece disculpa pública por abuso de autoridad
Derivado de la recomendación 02/2023 emitida por la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM) la Fiscal Regional de Cuautitlán, Diana Galván Pedroza, ofreció esta medida de satisfacción por hechos ocurridos en febrero de 2022, cometidos por servidores públicos de la Fiscalía mexiquense, adscritos a esa área de la Institución.
“Para esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México todas las víctimas de violaciones a derechos humanos merecen, sin preeminencia, atenciones en sus imperativas demandas y que se reconozcan y se restablezca su dignidad humana”, señaló la Fiscal Regional.
“Este imperativo guía mi convicción personal y profesional, por lo que este acto, además de ofrecer disculpas para reconocer deficiencias en el cumplimiento de las responsabilidades de las servidoras y los servidores públicos de esta Fiscalía Regional, debe de ser un punto de inflexión para comprometernos ante todas las víctimas para que sin distinción alguna se les otorgue un trato digno y con pleno respeto a sus derechos fundamentales para que, sin dilación ni excusas, asumamos el deber y las acciones necesarias para que estas fallas no vuelvan a lastimar a otras familias”, expresó.
La disculpa fue aceptada
Por su parte, tras aceptar la disculpa ofrecida por la Fiscalía, la víctima manifestó agradecimiento por tomar en cuenta su caso, y dijo esperar que se tomen buenas decisiones y seleccionen mejor a los elementos de dicha institución, para que se haga justicia y no vuelva a suceder esta situación con nadie más.
La Recomendación hecha por la CODHEM a la Fiscalía Edomex, tiene su origen en acciones operativas realizadas en febrero del 2022, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, respecto de las cuales, se debió garantizar a la víctima sus derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, e inviolabilidad de su domicilio.
TAR
