Gobierno de CDMX adeuda 21 años de salarios caídos a médico despedido

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene desde hace 21 años un litigio laboral en el que está obligado a pagar más de nueve millones 765 mil pesos a Fernando González Ramos, médico despedido en 2004 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno. La cantidad aumenta diariamente debido a los salarios caídos no pagados.

El caso se encuentra en etapa de ejecución. En marzo de 2025, la Secretaría de Salud capitalina solicitó a la Dirección General de Servicios Legales autorizar el pago, pero el visto bueno no ha sido emitido, por lo que los recursos no han sido liberados.

Resolución judicial

González Ramos fue contratado en 2001 para trabajar en el Centro Regulador de Urgencias Médicas del entonces Distrito Federal. En mayo de 2004 fue despedido bajo el argumento de ser trabajador de confianza. Sin embargo, después de siete años de litigio, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) determinó que sus funciones no correspondían a esa categoría y ordenó su reinstalación, así como el pago de salarios caídos desde 2004.

El laudo fue confirmado en juicio de amparo y recurso de revisión, pero su ejecución se ha retrasado.

Burocracia y amparos

Marcos Chávez Orozco, abogado de González Ramos, explicó que desde hace tres años se promovió un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Trabajo debido a que la Secretaría de Salud y la Consejería Jurídica no han ejecutado el pago.

De acuerdo con el abogado, las autoridades han solicitado documentos adicionales y han presentado argumentos administrativos que han prolongado el caso.

Posible desacato judicial

El juez de Distrito apercibió a la Consejería Jurídica y a la Dirección de Servicios Legales para que autoricen el pago. De no hacerlo, el expediente podría enviarse al Tribunal Colegiado para calificar un posible desacato judicial contra el titular de Servicios Legales, lo que implicaría su destitución y consignación ante el Ministerio Público.

El abogado señaló que este caso ejemplifica cómo los retrasos en la ejecución de laudos laborales generan un aumento constante en las cantidades adeudadas por parte de las instituciones públicas.

Con información de Proceso