Hay tanto que hacer, que no se hace nada

Estimados lectores, como hemos platicado en las últimas entregas, los recursos económicos para los temas relacionados con el agua han sido, son y serán aún más insuficientes conforme los problemas endógenos y exógenos se sigan profundizando, qué hacer ante una situación así.

Bajo el modelo de gestión actual, donde la responsabilidad de obtener los ingresos suficientes son de los municipios, es poco probable, aún en las condiciones más favorables lograr la suficiencia financiera, y hay razones estructurales que lo imposibilitan, una de las acciones que requieren grandes cantidades de dinero es la reducción de las pérdidas de agua, ya que para ello no sólo basta con solucionar problemas relacionados con el sistema comercial, insuficiente y deficiente medición, falta de sistemas administrativos adecuados, etc., sino que el porcentaje de reducción provendrá de reparar o sustituír las tuberías de nuestras ciudades, algunas requieren cirugía a corazón abierto para lograr reducir la pérdida de agua, y se puede imaginar usted el esfuerzo monumental a nivel de obra, como el monto económico para lograrlo.

Otra solución que se menciona muy frecuentemente es lograr incrementar la eficiencia en el cobro, que conlleva dos problemas principales, la posibilidad económica de cobrar a una población donde aún 36.3% se encuentra en situación de pobreza, es decir, 46.8 millones de mexicanos, por definición, no pueden acceder a lo mínimo indispensable para un adecuado desarrollo físico y psicológico de una persona, entonces, pensar que por muy baja que sea la tarifa de cobro por sus servicios de agua, aún seguirá habiendo presión social para mantenerlo igual o más bajo que el nivel actual, cuando las tarifas son tan bajas como en México, la incidencia fiscal puede ser un tema de segunda importancia, pero cuando las tarifas, como ocurre en algunas ciudades tienden a cubrir sus costos de operación, se vuelve un tema importante, incluso de competitividad económica; a esto hay que sumar el segundo punto, nuestra cultura política sigue privilegiando lo electoral a las políticas correctas.

Las autoridades locales, con todas sus limitaciones técnicas e institucionales, siguen apostando al juego de “según el cobro, la exigencia”, con cada vez menos responsabilidad en la prestación de los servicios públicos y en garantizar derechos humanos, en los niveles de cumplimiento, no estamos acostumbrados como ciudadanos a exigirlos, a estas alturas, ya no esperamos agua potable (apta para consumo humano de acuerdo a la NOM-127-SSA) si no con que llegue de la forma y calidad que sea nos damos por bien servidos, hasta parece que hemos renunciado a nuestro derecho a un ambiente sano. 

Por supuesto, ocurre a muchos niveles, es un síntoma de nuestra sociedad, fueron décadas de construcción de nuestra forma de ser ciudadanos, por tanto, tampoco se ve favorable esta posibilidad; el cambio climático y los eventos naturales cada vez más extremos, requieren ciudades más resilientes a éstos fenómenos, la capacidad de resistirlos y de responder con la rapidez y eficiencia adecuadas no ocurrirá bajo la situación actual, entonces es otro factor que se suma a la lista de necesidades.

Por tanto, la única solución es replantear el modelo económico del agua completamente, desde de dónde provendrán los recursos, quién es el responsable de la prestación de los servicios y de garantizar efectivamente los derechos humanos al agua, saneamiento y ambiente sano, hasta de cómo debemos relacionarnos con la naturaleza y los mecanismos para lograrlo, el tiempo pasa.