Incide OSFEM que 33 ediles sean sancionados e inhabilitados
OSFEM reiteró que hasta ahora suman 33 servidores públicos sancionados, derivado de la fiscalización a las Cuentas Públicas
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reiteró que hasta ahora suman 33 servidores públicos, desde alcaldes, síndicos y regidores sancionados.
Lo anterior derivado de la fiscalización a las Cuentas Públicas de ejercicios pasados.
Con diputados de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, el titular de la Unidad de Investigación, Hugo Armando Pérez, informó que esta cantidad de sancionados se desprende de nueve procedimientos con sentencia firme, sin dar nombres.
En Acolman, el presidente municipal, tesorero y síndico por abuso de funciones los inhabilitaron 10 años. En Tonanitla, al alcalde, tesorero y síndico primero por abuso de funciones e inhabilitación de 10 años.
En Tequixquiac, el edil, tesorero y director de Obras Públicas por abuso de funciones los inhabilitaron 10 años; Otzolotepec, el alcalde y tesorera por desvió de recursos, recibieron inhabilitación de tres meses.
Para Teotihuacán el presidente y tesorero, por desvío de recursos los inhabilitaron tres años; en Tequixquiac, el edil y tesorero por desvió de recursos recibieron de tres años de inhabilitación.
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En Teoloyucan el presidente y tesorero por desvió de recursos los inhabilitaron tres meses; en
Hueypoxtla, el alcalde, síndico y tesorero por abuso de funciones recibieron una inhabilitación de un año.
Finalmente en Tonanitla el presidente municipal, síndico, secretario, tesorero y contralor interno por abuso de funciones fueron merecedores de una suspensión de 30 días, todas sentencias que ya son firmes.
«Los expedientes se les imputa no solo a un servidor público puede ir uno o hasta cuatro o cinco servidores públicos por cada expediente de los que tenemos en IPRAS y seguimos trabajando en eso», dijo.
La titular del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez recordó que hay 643 expedientes que se integran para que arrojen quién es el presunto responsable.
De los cuales 113 son con Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) que se litigan en el área de Substanciación y el Tribunal de Justicia Administrativa estatal (TRIJAEM).
El encargado de la Unidad de Seguimiento, Luis Sierra Villa agregó que de las observaciones de la Cuenta Pública 2018 y 2019, hay avances.
En 2018, el 66 por ciento de observaciones fueron enviadas a la Unidad de Investigación y el 34 por ciento quedó solventado.
Mientras que de 2019, el 77 por ciento continúa en análisis, el 1 por ciento fue al área de solventación y el 22 por ciento ha sido solventado.
Programas Sociales
En la cuarta sesión para analizar la Cuenta Pública 2020, que tiene que calificarse a más tardar el 10 de marzo, el tema polémico fue el de los programas sociales.
En especial el de Familias Fuertes, en todas sus vertientes, entre ellas la Tarjeta Rosa.
El legislador de Morena, Andrés Sibaja Hernández cuestionó que en una de los programas de Trabajo, hay datos que no se cumplen y que no se informan, lo que podría ser constitutivo de la violación de la Ley de Transparencia estatal.
Su par, Azucena Cisneros Coss también se refirió a los programas y dijo que no se ha tenido claridad de a dónde va el dinero y quiénes son los beneficiarios y que no entrega datos sobre el mismo.
Propuso que la Comisión de vigilancia del OSFEM pudiera establecerse como permanente para que haya un trabajo exhaustivo, de diario y de retroalimentación y enriquecimiento, facultad que tiene un legislador, el de fiscalizar los recursos públicos.
Carrillo Martínez aseguró que en 2018 no se auditaron los programas sociales y aclaró que no es un programa como tal sino acciones.
Por lo que recomendó que se ejerza como un programa en el futuro, para que tenga una matriz de indicadores basado en resultados y haya más certeza en los subsecuente.
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