Iniciativas de la agenda LGBTTTIQA+ están congeladas
Los matrimonios entre parejas del mismo sexo y el cambio de sexo ya son legales pero los transfeminicidios no han sido tipificados
Pese a que durante las LX y LXI Legislaturas mexiquenses han sido aprobadas cuatro reformas importantes de la agenda de la diversidad sexual, entre ellas los matrimonios igualitarios, dicha comunidad considera que faltan otras tres iniciativas para el reconocimiento de sus derechos humanos y que se mantienen en la congeladora.
Se trata de la tipificación de los transfeminicidios, del reconocimiento de las infancias y adolescencias trans, y la atención especializada a la salud de la comunidad trans. Incluso, se proyecta que tras la unión entre personas del mismo sexo se empuje la adopción de niños.
Las iniciativas aprobadas han sido la tipificación de crímenes de odio, en abril de 2019; la tipificación de las terapias de reconversión, en octubre de 2020; rectificación de acta de nacimiento por reasignación de género, en julio de 2021; y matrimonios igualitarios, en octubre de 2022.
Las iniciativas pendientes, como las que ya han entrado en vigor, han sido presentadas por las bancadas de partidos de izquierda como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT).
El presidente de la organización Fuera del Clóset, Ricardo Torres Coyotzin, declaró que su lucha para que se les reconozcan los derechos continúa, pese a que en su último triunfo estuvo la legalización de las “bodas gay”.
«Sigue todavía por ejemplo infancias trans, infancias y adolescencias trans en ese sentido, también la criminalización del VIH que todavía sigue estando bastante presente”, declaró.
Iniciativas pendientes
Después de un año y nueve meses de haber sido presentada, en diciembre de 2021 al seno de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, se tuvo la primera reunión de trabajo en torno a la tipificación de los transfeminicidios.
La iniciativa que reforma el Código Penal estatal, autoría de la diputada local de Morena, Beatriz García Villegas, busca penas de entre 35 y 70 años de prisión, y que los hechos se persigan con perspectiva de género y protección a los derechos humanos, y tomarse como un crimen de odio.
Se estima que durante 2022 hubo 10 homicidios de personas trans en el Estado de México, aunque se carece de una estadística oficial.
La propuesta legislativa pretende establecer que el transfeminicidio es el delito que comete una persona por razones de identidad de género y/o expresión de género para privar de la vida a una mujer trans o persona cuya identidad o expresión de género se identifique como femenina.
García Villegas defiende que se debe crear la figura penal autónoma toda vez que es un crimen con propios rasgos y consideró que si a éste se le considera feminicidio se invisibiliza a las mujeres trans.
Advirtió que en estos casos se está ante un “doble crimen de odio”, porque la víctima es transexual y mujer.
Para la iniciativa se ha planeado consultar al Poder Judicial del Estado de México (PJEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos (Codhem).
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI 2021 en México, son cinco millones de personas con otra orientación sexual en el país y en la entidad mexiquense al menos son medio millón y de ellos 150 mil son mujeres trans.
La también diputada morenista, Anaís Miriam Burgos, lamentó que los transfeminicios son crímenes que se comenten con extrema violencia y crueldad, pues en las muertes se involucran armas, armas punzocortantes o estrangulamiento.
Citó que el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBBTT arroja cinco casos de asesinato en la entidad, cifra que similar a la de 2021.
En tanto, el colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca contabilizan siete asesinatos de mujeres trans, entre ellos el de Karen, ocurrido en la capital mexiquense, estadística con la que el estado se ubica en segundo lugar a nivel nacional.
Infancia trans
César Zoé Tapia Álvarez, adolescente trans de 14 años, es de los pocos menores mexiquenses que ha podido acceder a la rectificación de actas de género; sin embargo, tuvo que trasladarse a Jalisco donde ya se les reconoce ese derecho.
Lamentó que no todos pueden pagar el viaje, pese a que el trámite tiene un costo de 170 pesos y por ello se suma a la exigencia que en su estado de residencia lo puedan hacer.
Actualmente estados como Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Puebla y Sinaloa, lo contemplan.
En julio de 2021, la pasada Legislatura mexiquense avaló reformas al Código Civil para las actas de rectificación de género, pero para mayores de 18 años de edad y desde agosto de dicho año se empezaron a emitir las primeras.
Hasta noviembre de 2022, de acuerdo al Registro Civil del Estado de México se han atendido 480 casos de cambio o reasignación de sexo en las actas de nacimiento.
De la anterior estadística, 70 por ciento de los casos son de mujer a hombre según datos oficiales.
Para empujar las infancias trans en noviembre de 2021 y en septiembre de 2022, la bancada de Morena y Movimiento Ciudadano han presentado iniciativas para reformar el Código Civil para que menores de 18 años accedan al cambio jurídico de su identidad sexual con la que se identifican.
La propuesta de la morenista, Azucena Cisneros Coss, es que dicho trámite lo puedan llevar a cabo menores de 12 años de edad por lo que tendrán que entregar una copia, además que tengan la autorización escrita de familiares para que le den acompañamiento en el proceso.
En tanto la iniciativa, de la diputada emecista, Juana Bonilla Jaime, establece que se debe eliminar el requisito de ser mayor de edad y contar con el consentimiento de una o un tercer adulto, para solicitar la modificación del acta.
Ambas propuestas aún no han sido analizadas dentro de las comisiones legislativas en la Cámara de diputados mexiquense.
Atención médica
Como la gran mayoría de la comunidad trans en el país y Estado de México, Tanya Vázquez no tuvo acceso a la salud integral para iniciar con su transformación con el sexo que se identificaba desde los 12 años de edad.
Al ser segregada y vulnerada, tuvo que auto hormonizarse y el riesgo es alto, pues quienes lo hacen sin supervisión puede tener complicaciones de salud como es insuficiencia renal o hasta perder la vida.
Admite que el tratamiento es caro porque la paciente debe ser monitoreada y seguida por un endocrinólogo especializado.
«Es un tratamiento muy costoso, tan sólo una cita con un endocrinólogo está entre mil pesos por consulta…Y es caro el autohormonizarse que también puede conllevar a situaciones secundarias que podrían ser insuficiencia renal, y es uno tan solo de las problemáticas que pudieran derivarse”, admitió.
Lamentó que se carece de especialistas que las atiendan con perspectiva de género y un lenguaje incluyente, y evitar la discriminación.
Además, admitió que se someten a otros procesos para encajar con la feminidad marcada por la sociedad y que implica realizarse diversas cirugías.
“Todo eso si lleva dinero, es caro, muchas hermanas trans llegan incluso a suicidarse por no tener esta posibilidad de poder moldear, modelar su cuerpo lo más femenino que puedan”, alertó.
Ante este tipo de casos, en la bancada del PRD han planteado que sea el gobierno del Estado, que brinde atención médica gratuita a la comunidad trans, mediante el suministro de hormonas y acompañamiento psicológico, aunque también tratamiento médico e intervenciones quirúrgicas o cirugías, aunque no prosperó.
Pendiente la adopción homoparental
Tras reformarse el Código Civil mexiquense para legalizar los matrimonios igualitarios, que implicó una lucha de casi 20 años, hasta noviembre se contabilizaban al menos cinco uniones entre personas del mismo sexo.
Al respecto, el activista Jorge Leonardo Espinoza López, valoró que hasta el cuarto período ordinario de sesiones o la próxima Legislatura, puedan empujar un decreto o iniciativa para que puedan adoptar.
“Tendremos que esperar al próximo año para poder presentar una iniciativa acorde… hay que esperar un poquito en ese tema… vamos a esperar a que pasen las campañas electorales”, declaró.
La adopción por parte de parejas del mismo sexo es legal en 34 países a nivel nacional, con excepción de México en donde sólo es legal en algunas entidades federativas de ese país, además es legal la adopción del hijo del cónyuge en Estonia, San Marino, Taiwán y Liechtenstein.
Usualmente se debate permitirla coincidentemente a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, al establecer una igualdad de derechos y otorgar las mismas garantías que a una pareja heterosexual.
En la Ciudad México desde 2010 las parejas del mismo sexo pueden acceder a la adopción homoparental; le siguieron Coahuila Chihuahua en 2014; Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos y Veracruz en 2016.
El 27 de enero de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia el rubro de Derecho a la Vida de Familiares de parejas del mismo sexo, lo que permite a parejas homoparentales la adopción.
«La Primera Sala de la SCJN entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear”, se lee en un documento.
Ese año la adopción homoparental fue una realidad en Baja California, Chihuahua y Querétaro. Para el año siguiente se legalizó en Puebla y Chiapas.
Desde 2019 fue posible en Nayarit, Aguascalientes, Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí.
TAR