Tolerancia cero ante la corrupción e impunidad

El sábado pasado la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, declaró que en su administración no se tolerarán actos de corrupción y que no habrá impunidad para los delitos cometidos por servidores públicos. El anuncio no es menor. Se refiere a la posibilidad de combatir eficazmente lo que ella llamó un “cáncer” que lacera a la entidad y a los mexiquenses. Por esta razón, vale la pena reflexionar sobre el problema y sus posibilidades de solución en el corto plazo.

Desde los primeros años posteriores a la revolución mexicana, la corrupción fue una práctica generalizada de los gobiernos. Las formas de enriquecimiento de la familia revolucionaria fueron muchas. Basta con leer la novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, para darse idea de cómo algunos de los antiguos combatientes se convirtieron en hacendados y otros en millonarios, de la noche a la mañana, no precisamente por sus méritos en el movimiento armado. Esta tendencia se agudizó a partir del gobierno de Miguel Alemán, donde la corrupción prácticamente se institucionalizó.

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Esa misma lógica se siguió en el Estado de México. Los excombatientes revolucionarios residentes en la entidad se adueñaron del poder y de los principales negocios de entonces. Después de que ese grupo de poder, encabezado por los hermanos Gómez, fue desplazado del gobierno estatal, el nuevo grupo, llegado de Atlacomulco, hizo lo mismo. Además, la tendencia se agudizó en la gubernatura de Alfredo del Mazo Vélez, que casi coincidió en su sexenio con Alemán. Pero quien perfeccionó el método de enriquecimiento fue Carlos Hank, pues prácticamente fusionó la política y los negocios.

Desde entonces, los gobernadores del PRI perfeccionaron la manera de enriquecerse, protegidos por el poder público, incluso desde el gobierno federal. La riqueza de los gobernadores mexiquenses ha competido incluso con la de algunos presidentes mexicanos. En su libro Mis tiempos, López Portillo relata que Hank le prestó 200 millones de pesos para construir la famosa “Colina del Perro” y que fue tan generoso que ni siquiera se los cobró. Este no fue el único caso. Hay versiones de que Hank incluso financió a políticos extranjeros, por ejemplo, de Costa Rica.

La corrupción está enraizada en la política mexiquense. El grupo Atlacomulco y otros encontraron en el servicio público la mejor manera de hacer negocios. Alguna vez un ex rector de la UNAM contó como Hank construyó con sus empresas las hoy cinco Facultades de Estudios Superiores en suelo mexiquense, porque el gobierno federal no había autorizado el presupuesto respectivo. La construcción urgía, porque la primera generación de los CCH estaba por egresar y no tenían aulas para estudiar la licenciatura. Por supuesto que después les cobró caro el favor.

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Los gobernadores mexiquenses, y sus colaboradores, han hecho negocios de todo lo posible: la construcción de autopistas, carreteras, hospitales, clínicas y escuelas; la autorización de fraccionamientos, parques industriales, centros comerciales, cines y un largo etcétera. De los giros negros ni se diga. Han hecho fortunas tolerando negocios ilícitos desde la época en que Ernesto P. Uruchurtu los prohibió en el DF. Incluso los robos fueron institucionalizados a través del BARAPEM y ahora de la Policía Estatal. Con todos estos antecedentes, es claro que el reto es mayúsculo para la gobernadora. Requiere de un equipo de gobierno honesto y eficaz, pero también de la sociedad.

SPM