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A casi año y medio de la entrada en vigor de la despenalización del aborto en el Estado de México, el Instituto de Salud estatal (ISEM) prevé que las interrupciones legales del embarazo puedan duplicarse o incluso triplicarse durante 2026, con base en el ritmo de atención registrado en los primeros cinco meses del año.
El fenómeno ocurre en medio de otro dato que ha encendido alertas en la entidad: de enero de 2025 a mayo de 2026 se han documentado al menos 12 hallazgos de fetos o productos fetales abandonados en la vía pública, rellenos sanitarios, canales, inmediaciones de presas, zonas escolares y carreteras, lo que abrió una revisión interinstitucional entre autoridades sanitarias y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre el manejo de restos fetales.
De acuerdo con José Alberto Ángel Esposo, responsable estatal de los Componentes de Violencia e Igualdad de Género y Aborto Seguro del Instituto de Salud del Estado de México, durante 2025 se atendieron 179 interrupciones legales del embarazo en la entidad. Sin embargo, entre enero y mayo de 2026 ya se registraron 152 procedimientos, lo que perfila un incremento considerable al cierre del año.
“Está en un incremento, una tendencia a duplicarse por lo menos o triplicarse”, señaló el funcionario. Explicó que el aumento no necesariamente refleja un crecimiento abrupto de abortos, sino una combinación de mayor difusión, reducción de barreras legales, mejor disposición del personal médico y ajustes en los sistemas de registro.
Interrupción legal del embarazo fue despenalizada en Edomex
La interrupción legal del embarazo fue despenalizada en el Estado de México en diciembre de 2024, con lo que se permitió realizar el procedimiento hasta las 12 semanas de gestación. Aunque la reforma abrió una nueva etapa legal, el ISEM asegura que los servicios de aborto seguro no comenzaron desde cero, pues desde 2016 ya se atendían interrupciones voluntarias en casos de violación, conforme a la NOM-046.
Ángel Esposo explicó que el sistema estatal venía registrando entre seis mil y siete mil atenciones obstétricas por aborto al año, sin que antes existiera una variable específica para diferenciar las interrupciones legales solicitadas por decisión de la mujer o persona gestante. Esa clasificación comenzó a incorporarse después de la reforma, mediante ajustes en los sistemas federales de información en salud.
El cambio permitió distinguir, al menos de forma inicial, entre abortos espontáneos, interrupciones legales y procedimientos vinculados con violencia sexual u otras causales. En 2025, el ISEM identificó 106 interrupciones de embarazo derivadas de violación sexual; en los primeros cinco meses de 2026 sumaron 62.
En el mismo periodo, de enero a mayo de este año, el sector salud estatal contabilizó aproximadamente mil 900 atenciones obstétricas por aborto, espontáneo o inducido. Frente a ese universo, las 152 interrupciones legales representan todavía una proporción menor, de entre 8% y 10%, según estimaciones del propio instituto.
La cifra, además, se mantiene por debajo de lo que el ISEM había proyectado antes de la despenalización. Uno de los parámetros utilizados fue el comportamiento de la Ciudad de México, en donde el aborto fue despenalizado desde 2007 y una proporción significativa de las usuarias atendidas históricamente provenía del Estado de México.
Según el funcionario, las clínicas de interrupción legal del embarazo de la capital del país reportaban que entre 30% y 40% de sus atenciones correspondían a mujeres mexiquenses. Con la reforma estatal, se esperaba que parte de esa demanda migrara hacia los servicios de salud locales; sin embargo, el número registrado hasta ahora todavía se ubica por debajo de esa proyección.
Para el ISEM, una explicación posible es el subregistro. El funcionario reconoció que los cambios en las plataformas no siempre se asimilan de inmediato en las unidades médicas, por lo que algunas atenciones podrían seguir capturándose bajo categorías generales de aborto y no como interrupción legal del embarazo.
Abandono de fetos o productos fetales
El otro dato que cruza el nuevo escenario es el abandono de fetos o productos fetales. De enero de 2025 a mayo de 2026, se tienen 12 casos confirmados en municipios mexiquenses: tres en Toluca; dos en Ecatepec; dos en Lerma; uno en Nezahualcóyotl; uno en Atizapán de Zaragoza; uno en Almoloya de Juárez; uno en Tultitlán, y uno en Zinacantepec.
Los hallazgos ocurrieron en San Pedro Totoltepec, Toluca, donde un feto fue localizado en una caja, envuelto en una toalla; en el barrio de Tlacopa, también en Toluca, donde otro fue encontrado semienterrado junto a las vías del tren; y en San Pablo Autopan, donde se reportó el abandono de restos fetales de aproximadamente cuatro meses.
En el Valle de México se documentaron casos en Nezahualcóyotl, bajo un puente de avenida Pantitlán; en Atizapán de Zaragoza, dentro del baño de mujeres de la Preparatoria Oficial número 87; en Tultitlán, en San Pablo de las Salinas; y en Ecatepec, tanto en la colonia Héroes de la Independencia como en el Canal de Cartagena, donde madres buscadoras localizaron restos humanos y un feto durante una jornada de búsqueda.
Otros casos se registraron en San Mateo Tlalchichilpan, Almoloya de Juárez, en las inmediaciones de la presa Benito Juárez; en el relleno sanitario de San Lorenzo Cuauhtenco, Zinacantepec; y en dos puntos de la zona Lerma-Xonacatlán y la autopista Lerma-Valle de Bravo, donde los productos fueron encontrados en bolsas de plástico.
Aunque estos hallazgos no pueden atribuirse de manera automática a interrupciones legales del embarazo, el ISEM reconoce que el fenómeno ya forma parte de las mesas de trabajo con la Fiscalía mexiquense, sobre todo para revisar el manejo de restos fetales, la emisión de certificados de muerte fetal y la intervención ministerial cuando existe indicio de violencia.
Interrupción legal
El funcionario precisó que, cuando se trata de una interrupción legal antes de las 12 semanas, el producto no se considera técnicamente feto, sino restos ovulares. En esos casos, el manejo se realiza como residuo peligroso biológico-infeccioso, conforme a la NOM 087, dentro de las unidades médicas.
“Se maneja con el RPBI de la unidad”, explicó, al señalar que el procedimiento no implica la entrega del producto a la usuaria, salvo que se trate de supuestos distintos por edad gestacional o por solicitud específica. Si existe indicio de violencia sexual, el hospital debe notificar a la Fiscalía mediante aviso de caso médico legal, para que los restos puedan ser recolectados y eventualmente sometidos a confronta genética.
La situación cambia cuando la gestación rebasa ciertos umbrales. De acuerdo con el ISEM, a partir de las 22 semanas el sistema de salud debe expedir certificado de muerte fetal. Si el embarazo es menor a ese periodo, el certificado puede emitirse a petición de la usuaria. En esos casos, los restos pueden entregarse para su destino final conforme a los trámites correspondientes.
Ese punto abre una zona de riesgo. El propio funcionario admitió que, cuando se trata de embarazos no deseados, forzados o producto de violencia, una persona puede recibir restos fetales y no contar con información, recursos o condiciones para darles destino final. También puede ocurrir que mujeres o adolescentes recurran a métodos inseguros por miedo, desconocimiento, presión social o falta de acceso efectivo a los servicios.
El ISEM considera que el abandono de restos puede explicarse por distintas causas: estigma comunitario, falta de información, barreras de acceso en unidades médicas, temor a denunciar una violación, embarazos ocultos, dependencia económica de adolescentes, desinformación en redes sociales o uso incorrecto de medicamentos abortivos obtenidos fuera del sistema de salud.
Ángel Esposo señaló que la dependencia ha identificado zonas donde el contexto social complica el acceso a los servicios. Mencionó principalmente el sur del estado, en municipios como Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Ocuilan, Texcaltitlán y Zacualpan, así como regiones rurales del norte, entre ellas Jilotepec, Villa del Carbón y Polotitlán.
En contraste, en municipios densamente poblados del Valle de México, como Ecatepec y Cuautitlán, el problema no se explica por distancia geográfica respecto a la Ciudad de México, sino por dinámicas urbanas de violencia, miedo, ocultamiento del embarazo y condiciones comunitarias que dificultan pedir ayuda.
“Hay contextos complejos”, dijo el funcionario, al referirse a mujeres que no quieren ser identificadas como víctimas, que ocultan el embarazo o que viven bajo amenazas. En algunas zonas, añadió, incluso se han reportado situaciones vinculadas con delincuencia organizada, donde las mujeres buscan interrumpir el embarazo sin que su entorno se entere.
Resistencia de personal médico por motivos religiosos
A pesar de la reforma, el acceso no es homogéneo. El ISEM reconoce que persisten resistencias entre personal médico por motivos religiosos, ideológicos o de conciencia. No existe un padrón de trabajadores que rechacen practicar interrupciones del embarazo, pues la dependencia considera que hacerlo podría derivar en actos discriminatorios o problemas laborales.
La estrategia institucional, explicó Ángel Esposo, ha sido identificar las unidades donde sí se practica el procedimiento, ubicar al personal capacitado y fortalecer redes de referencia para canalizar a las usuarias. La objeción de conciencia sostuvo, no puede traducirse en negar información ni en poner en riesgo a la paciente.
Orientar sin estigmas
El funcionario subrayó que el personal que no realiza el procedimiento tiene la obligación de orientar sin estigmas, informar a dónde acudir y evitar que la mujer o persona gestante sea enviada de una unidad a otra. En casos de violación, dijo, la interrupción se considera una urgencia médica, aun cuando no exista un riesgo inmediato para la vida.
El Estado de México aún no cuenta con un manual estatal definitivo de aborto seguro. El ISEM trabaja con su Unidad de Modernización en una guía operativa o protocolo estatal para la atención de interrupciones legales del embarazo, con la meta de construirlo durante 2026.
El documento deberá armonizarse con el lineamiento nacional de aborto seguro, cuya actualización también se prevé para este año, así como con la nueva Ley de Salud estatal y con las reformas que consolidaron la despenalización en diciembre de 2024.
Mientras tanto, el nuevo mapa muestra dos realidades paralelas, por un lado, mujeres que comienzan a llegar al sistema público para ejercer un derecho recién reconocido en la ley estatal; por otro, productos fetales abandonados en espacios públicos, sin que todavía exista una explicación única sobre su origen.
Para las autoridades sanitarias, el reto ya no es sólo garantizar el procedimiento dentro de las unidades médicas, sino cerrar las brechas que todavía empujan a mujeres y adolescentes hacia la clandestinidad, el silencio o la desinformación. En esa frontera entre el derecho reconocido y el acceso efectivo se ubica hoy uno de los principales desafíos de salud pública en el Estado de México.
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