La crisis de credibilidad en el Poder Judicial del Edomex obliga a replantear su estructura: se acabó el poder vitalicio sin rendición de cuentas. La elección directa de jueces y magistrados en el Estado de México busca poner fin a la opacidad y a los privilegios que marcaron la gestión de Ricardo Sodi Cuéllar al frente del Poder Judicial.
Luego de múltiples señalamientos por corrupción, nepotismo y manejo discrecional de recursos bajo la presidencia de Ricardo Sodi Cuéllar, el Poder Judicial del Estado de México enfrenta una transformación sin precedentes. Una reforma estructural plantea que, por primera vez, los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular y sometidos a evaluaciones periódicas para conservar su cargo.
Esta medida, considerada por sus impulsores de la 4T como un acto de justicia democrática, busca recuperar la legitimidad de un poder que durante años operó sin vigilancia ciudadana ni consecuencias reales por su mal desempeño. La opacidad y el control que caracterizaron la gestión de Sodi Cuéllar han dejado una estela de desconfianza que hoy se traduce en exigencia de rendición de cuentas.
De acuerdo con autoridades promotoras de la reforma, el objetivo no es debilitar al Poder Judicial, sino devolverle su vocación de servicio público. Las nuevas reglas obligarán a quienes aspiren a un cargo judicial a demostrar conocimientos, trayectoria limpia y compromiso ético, y posteriormente a refrendar su permanencia con base en resultados concretos.
Organismos civiles y académicos han celebrado la iniciativa como un paso firme hacia la transparencia y la participación ciudadana, aunque también han advertido la necesidad de acompañarla con mecanismos técnicos que garanticen elecciones informadas y procesos de evaluación independientes.
Por primera vez en la historia reciente del Estado de México, quienes imparten justicia no solo tendrán que rendir cuentas ante la ley, sino también ante la sociedad.
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TAR