Juristas alertan retroceso con reforma al amparo

La reforma a la Ley de Amparo, aprobada esta semana en el Senado de la República, generó preocupación entre juristas y especialistas en derecho constitucional, quienes advirtieron que las modificaciones representan un retroceso en materia de derechos humanos y acceso a la justicia al restringir la protección judicial frente a actos del Estado y encarecer los mecanismos de defensa ciudadana.

Expertos advierten que la reforma al amparo limita la defensa ciudadana y vulnera derechos constitucionales

De acuerdo con un análisis realizado por el despacho Spetsen —conformado por un grupo de abogados con experiencia en los sectores público y privado, especializados en Derecho Tributario, Administrativo, de Propiedad Intelectual y Prevención de Lavado de Dinero—, la minuta aprobada el 14 de octubre por el Congreso de la Unión modifica diversos artículos de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estas reformas, indica el documento, alteran de manera estructural el sistema de control constitucional en México y colocan al ciudadano “en una posición de desprotección total frente al poder público”.

Entre los principales cambios destaca la restricción del interés legítimo, que ahora exige una afectación “real y diferenciada” para promover un juicio de amparo. Esto, advierte el estudio, impedirá la defensa preventiva ante políticas públicas o normas que todavía no generan un daño directo, lo que contradice criterios de la Suprema Corte que reconocen el carácter preventivo del amparo.

Asimismo, se limita el amparo en materia fiscal, pues solo podrá promoverse hasta la convocatoria de remate, dejando sin control constitucional embargos, cobros o actos de ejecución previos. En el mismo sentido, se introducen nuevas causales de improcedencia en el Código Fiscal y en la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que cierra tanto la vía contenciosa como la administrativa y deja a los contribuyentes sin defensa ante créditos fiscales considerados “firmes”.

Otra de las modificaciones cuestionadas es la eliminación de garantías accesibles, como las fianzas o hipotecas, para solicitar la suspensión de un acto reclamado, sustituyéndolas por billetes de depósito o cartas de crédito. Según el análisis, esto encarece de manera desproporcionada el acceso a la justicia y “convierte el amparo en un recurso reservado a quienes tienen liquidez inmediata o respaldo bancario”.

Las críticas también apuntan a las nuevas causales de improcedencia de suspensión por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita o falta de permisos federales. Estas disposiciones, de acuerdo con el estudio, contienen “conceptos jurídicos indeterminados” que podrían aplicarse de forma arbitraria y vulnerar derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso.

De igual forma, la reforma amplía las exenciones procesales del Estado al liberar a todas las dependencias públicas de la obligación de otorgar garantías judiciales, mientras mantiene o encarece las exigencias a los particulares. Con ello, señala el análisis, se profundiza la desigualdad procesal y se favorece la impunidad institucional.

Dificultad en el cumplimiento de sentencias de amparo

Finalmente, el documento advierte que el nuevo régimen podría dificultar el cumplimiento de sentencias de amparo, ya que obliga a las y los jueces a revisar previamente la competencia de las autoridades antes de requerirles la ejecución de resoluciones, lo que, augura, retrasará los procesos y permitirá que el Estado alegue tecnicismos para eludir su cumplimiento.

En sus conclusiones, Spetsen sostiene que la reforma es “regresiva en materia de derechos humanos, discriminatoria en lo económico y contraria a la tutela judicial efectiva”, al tiempo que viola los artículos primero y 17 de la Constitución y los estándares internacionales sobre acceso a la justicia.

“Con estas modificaciones —indica el informe—, el amparo pierde su carácter protector y se convierte en un mecanismo ineficaz frente a los abusos del poder, dejando a las personas sin amparo efectivo, sin suspensión accesible, sin garantías del Estado y sin cumplimiento de sentencias”.

El pleno del Senado aprobó este miércoles las reformas a la Ley de Amparo que han generado polémica por los cambios en su alcance y limitaciones. Foto Especial

Continúa leyendo:

• Gobierno y refresqueras acuerdan reducir 30% el azúcar
• Gabinete Estado de México: ¿Quién es Armando González? nuevo director de Personal de la Oficialía Mayor
• Nezahualcóyotl se suma al envió de víveres en apoyo a familias en Veracruz
• Gabinete Estado de México: ¿Quién es Miguel Ángel Sánchez González? nuevo director del Instituto del Deporte
• Gobierno y refresqueras acuerdan reducir 30% el azúcar

¡La Jornada Estado de México ya está en WhatsApp! Sigue nuestro CANAL y entérate de la información más importante del día.

PAT