Con el inicio de las campañas judiciales empieza también el camino hacia una renovación histórica del sistema judicial mexicano. A lo largo de los próximos 60 días, las candidatas y candidatos daremos a conocer nuestra visión de la justicia, nuestras trayectorias y propuestas.
El resultado deberá ser un nuevo pacto entre la sociedad y sus personas juzgadoras y un nuevo consenso sobre la justicia que queremos.
Las reformas constitucionales anunciadas el 5 de febrero de 2024 y concretadas desde entonces han dado lugar a un nuevo paradigma constitucional, en cuyo corazón se encuentra el nuevo sistema de impartición de justicia.
El reto es hacer sentido de este nuevo modelo y para ello es imprescindible entenderlo en su contexto histórico, político y social, a partir de las demandas que le dieron origen.
Desde esta perspectiva es claro que la justicia debe ser ante todo, honesta.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Inegi revela que 64.6% de las personas encuestadas consideró que los jueces son autoridades corruptas, colocándolos como la segunda autoridad peor calificada, justo después de los policías de tránsito.
Este dato no sólo resalta la desconfianza generalizada en las instituciones encargadas de impartir justicia, sino que subraya la crisis de legitimidad que enfrentan, algo que afecta directamente la manera en que la ciudadanía percibe su capacidad para lograr cambios reales.
Otra promesa sin cumplir que permea al texto constitucional es la de la justicia social. La justicia es un derecho, no un privilegio. Esto significa que la justicia debe estar orientada a garantizar un acceso igualitario a los derechos, en particular aquellos que se refieren a las necesidades básicas de la persona, sin las que no puede haber igualdad de oportunidades.
Por último, en un país marcado por las desigualdades, la justicia debe ejercerse con perspectiva de igualdad y no discriminación.
Si la justicia es para las personas, es claro que su contexto, su identidad, su historia, no puede ser ajena a los expedientes. A través de la función jurisdiccional se deben derribar barreras, corregir desequilibrios y alcanzar resultados justos, de lo contrario solo se perpetúan las desigualdades.
¿Qué justicia queremos entonces? Propongo construir la idea de una justicia humanista, entendida como una justicia honesta, comprometida con una visión social y con una perspectiva de igualdad y no discriminación, que vele por los más pobres y desaventajados. Una justicia cercana, que escucha, que entiende y que resuelve. Que contribuya a solucionar los problemas del país y que deje de ser mecanismo de impunidad para unos cuantos.
Como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este es el mensaje que transmitiré a lo largo de las próximas semanas.
La justicia está por transformarse y quiero encabezar esa transformación.
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TAR