Juzgar con perspectiva social

En un país como el nuestro, marcado por profundas desigualdades sociales, uno de los grandes retos del sistema de justicia es contribuir al desarrollo de una justicia social, entendida como la distribución equitativa de oportunidades, recursos y derechos dentro de una sociedad. La justicia social busca garantizar que todas las personas, sin importar su origen socioeconómico, género, raza, religión, o cualquier otra característica, tengan acceso justo y equitativo a sus necesidades básicas y que tengan las mismas oportunidades de prosperar.

La idea de justicia social es central en nuestro constitucionalismo. Nuestra constitución fue la primera de tipo social del mundo y esta característica se ha fortalecido aún más, con las recientes reformas constitucionales. Alcanzar la justicia social es, en tal sentido, un deber de todas las autoridades del Estado mexicano. Por ello, la noción de justicia social no puede ser ajena a la actividad jurisdiccional. Esto significa que los jueces y juezas tienen una labor fundamental en la materialización de este ideal básico de justicia.

Por supuesto, no es una tarea fácil. Resolver con una perspectiva social implica integrar enfoques que aseguren tanto la protección de los derechos individuales como el avance del bienestar colectivo, reconociendo la relación de interdependencia que existe entre ambos. Esto es particularmente relevante al momento de evaluar políticas públicas. En un contexto de recursos públicos limitados, la justicia constitucional debe ser sensible a la necesidad de priorizar en función de las distintas necesidades de la población.          

La justicia social pasa también por la tutela efectiva de los derechos colectivos. Esto abarca los derechos de grupos como los pueblos y comunidades indígenas, o aquellos relacionados con la protección del medio ambiente. El camino por recorrer en este rubro es aún largo. En estos dos rubros, los derechos colectivos no encuentran aún en nuestro sistema jurídico ni el reconocimiento ni la protección necesarias.

Sobre todo, la justicia social exige un enfoque centrado en la igualdad sustantiva y la no discriminación. Su objetivo es eliminar las desigualdades estructurales que impiden que ciertas personas o grupos tengan las mismas oportunidades que otros, ya sea por motivos de género, situación socioeconómica, color de la piel, discapacidades, entre otras. Si el sistema de justicia no es sensible a esas desigualdades corre el riesgo de convertirse en un instrumento que las perpetúa, en lugar de corregirlas.

Hoy que nos encontramos ante la oportunidad histórica de renovar nuestro sistema judicial es fundamental poner a la justicia social en el centro del debate. Si hay algún compromiso pendiente en nuestra sociedad, es con el acceso a una vida digna para todas las personas, no para unas pocas. 

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