La nueva Ley de Infraestructura aprobada hace unos días permite la inversión en infraestructura pública bajo mecanismos de inversión mixta, en la cual se podrá disponer de hasta 30% de recursos de Afores.
El proyecto aprobado por el Congreso tiene como principal objetivo aumentar la inversión pública en los proyectos de infraestructura, con el fin de cumplir con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026- 2030 presentado en febrero pasado.
La Asociación Mexicana de Afores(Amafore) aclaró que el tope de 30% no es nuevo, sino que ya existía dentro de la regulación. Desde el 25 de octubre de 2024, la Consar ya había actualizado la política de inversión para instrumentos estructurados hasta el mismo porcentaje.
“Este techo regulatorio ya existía. La nueva ley no lo modifica, no lo amplía ni lo hace obligatorio: opera dentro de ese marco”, señala la Amafore en un mensaje oficial.
En el caso de obras públicas, solo se invertirá si los proyectos son rentables, bien estructurados y aprueban los filtros técnicos y de riesgo, como ya se ha hecho desde hace 29 años.
Con esta legislación se busca aportar 722 mil millones de pesos adicionales a la inversión pública en infraestructura, en los sectores carretera, agua y energía. Además pretende mejorar la colaboración con el sector privado para acelerar los proyectos estratégicos del gobierno
“La nueva Ley no modifica estos principios ni habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro. Lo que sí hace es crear el marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva puedan estructurarse bajo reglas claras.”
Por su parte la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ( CONSAR) sobre el tema señaló que: “Las Afores, quienes administran el dinero de los jubilados en México, tienen invertido 2 billones 200 mil millones de pesos para 2025 en deuda privada para financiar al sector de infraestructura, banca de desarrollo, Pemex, CFE, bancario y telecomunicaciones”.
Por ejemplo, en 2025, Pemex recibió 14 mil 967 millones de pesos de las Afores, quienes usaron los Eurobonos para capitalizar a la petrolera mexicana. Mientras que la CFE captó mil 762 millones de pesos del dinero de los jubilados por esa misma vía.
Para finales del 2025, los activos netos administrados por las Siefore alcanzaron 8 billones 300 mil millones de pesos, lo que representa 23.8% del producto interno bruto.
Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aseguró a diversos medios de comunicación que con esta medida el gobierno puede presionar para que las Afores destinen hasta 30% a proyectos gubernamentales.
Sobre estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha negado que los recursos estén en riesgo y aseguró que no obligarán a invertir en proyectos estratégicos del gobierno federal.
Ante un gobierno que necesita dinero, los ahorros de los trabajadores son una forma de capitalización inmediata y como toda inversión lleva un nivel de riesgo por mínimo que parezca este.

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