La cuestión social en la gestión del agua

La gestión del agua en México requiere de dos aspectos fundamentales: sociales y culturales.

No basta solucionar lo técnico,  para ello, al momento de su interacción con la población se presentan múltiples retos, que no siempre son considerados.

En nuestro país, la heterogeneidad en la disponibilidad de agua es comparable con la forma en que las personas conciben al agua, la calidad de los servicios públicos que demandan y lo que esperan de sus autoridades. La disponibilidad de pago es uno de estos factores. 

Los datos indican que a una mejor prestación del servicio, es mayor la disposición a pagar tarifas cercanas a su costo de prestación, pero esto tampoco es necesariamente así, existen factores que dependen de las comunidades; por ejemplo, si vivimos en una colonia de una ciudad de la Ciudad de México, donde se han tenido luchas históricas por la falta de servicios o de injusticias sociales, podría haber una resistencia mayor a pagar por un servicio público, aunque este sea adecuado, no obstante, al cambiar de ciudad a una que tiende a tener un mejor servicio, se encuentra que sus vecinos pagan puntualmente el servicio y no hay resistencia alguna a ello, este vecino se encontrará pagando como todos los de su colonia.

En este ejemplo, el organismo operador implementará acciones, como el corte de servicio o su limitación o una política de medición generalizada de los consumos, que le permita un cobro de acuerdo a consumo; mientras que en una ciudad o colonia donde se encuentran en un círculo vicioso de mal servicio, poca o nula micromedición, tarifas que pueden ser adecuadas en los decretos o leyes de ingresos, pero que en la realidad les cobran una cuota fija anual, sin basarse en los consumos, que es como debería ocurrir para un consumo responsable de un elemento finito y con tendencia a la baja disponibilidad.

Este caso, es una constante a lo largo de nuestro territorio, salvo contados ejemplos, las estructuras tarifarias se establecen con un adecuado mecanismo, pero en su aplicación, se encuentran con resistencias al pago de una tarifa por servicio medido, muchas veces provocado por un mal servicio, en otros casos, por falta de recursos económicos para instalar medidores y contar con un buen sistema de lectura y facturación, contra algo que no requiere prácticamente nada complicado, como es un pago anual único y de cuota fija, pero que, como se mencionó, no permite una prestación con justicia social ni con principios sostenibles, ni mucho menos resiliente ante un panorama de escasez y sequía cada vez más frecuentes.

En otras entidades de la República, la población ha concebido al agua como parte de su cultura. El contacto permanente con la naturaleza les hace ser más conscientes con el ciclo social y natural de ella  y ello implica otro desafío a los prestadores de los servicios, al considerar algo como suyo, y que de un momento a otro se entuba y se les busca cobrar por ello. Ofrece un reto el concientizar que la calidad o disponibilidad del agua es diferente hoy a lo que fue por siglos. Tan solo manifestar la necesidad de clorar el agua por los contaminantes que hoy existen, aunque el agua tenga un aspecto transparente y potable, no lo es, esto se percibe como una violación a la naturaleza del agua y por tanto su rechazo. Ya ni hablar de la responsabilidad de pagar por ella.

En el peor de los casos, algunas comunidades, localidades o zonas de población se han visto influenciadas por grupos de poder que han hecho de la mala calidad en la prestación un coto de negocio, donde son los primeros en querer que las condiciones sigan igual para seguir manteniendo ciertos privilegios. Lo que es cierto es que una cala calidad del servicio, si no se atiende oportunamente, da pie a este y otros casos más de corrupción o de hechos, donde los primeros perjudicados son sus pobladores, por ello, los responsables en todos los niveles deben mejorar la prestación y erradicar lo antes posible éstas prácticas.

PAT

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