La inteligencia artificial ya llegó a los tribunales mexicanos, no mediante una gran reforma legislativa, sino a través de la práctica judicial, por ello es relevante la reciente jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, que fija una línea clara: la IA puede apoyar a la justicia, pero no dicta sentencias, auxilia en tareas técnicas o cuantitativas, pero la deliberación, la valoración jurídica y la responsabilidad son humanas.
El debate no es exclusivo de México, en el mundo se discute si la IA hará más eficiente la justicia o si, por el contrario, la volverá más opaca y menos democrática, la tentación es evidente: tribunales saturados, expedientes interminables y una ciudadanía cansada de esperar; la IA promete rapidez, orden y reducción de errores, el problema surge cuando esa promesa se confunde con delegación.
Una justicia gobernada por algoritmos corre el riesgo de convertirse en una caja negra: decisiones difíciles de explicar, de cuestionar y de impugnar, por eso la jurisprudencia mexicana acierta al establecer candados mínimos: proporcionalidad, protección de datos personales, transparencia, explicabilidad y, sobre todo, supervisión humana permanente. Dicho de forma sencilla: el juez puede usar la herramienta, pero nunca esconderse detrás de ella.
La experiencia internacional confirma la cautela; donde se usa IA sin controles, aparecen sesgos, discriminación y decisiones automatizadas que afectan derechos fundamentales, la lección es clara, en justicia la eficiencia no puede comprarse al precio del debido proceso.
Hay además un riesgo silencioso: la deferencia automatizada. Cuando una máquina “recomienda”, existe la tentación de obedecer, si el juez deja de razonar y solo valida lo que arroja el sistema, la decisión parece humana en el papel, pero no en los hechos. Y una justicia sin comprensión es una justicia sin legitimidad.
La justicia democrática exige dos cosas irrenunciables: razones claras y responsabilidad identificable, la IA ayudar a ordenar información o a reducir errores aritméticos, pero no reemplaza el juicio, la ponderación ni la conciencia constitucional, mucho menos en un país con profundas desigualdades tecnológicas y sin una ley general de inteligencia artificial.
La jurisprudencia abrió una puerta responsable; ahora hace falta institucionalizarla, protocolos claros, auditorías, límites por materia, especialmente en lo penal, derecho de las partes a saber si se usó IA y capacitación real para jueces. Modernizar la justicia no significa automatizarla; significa usar la tecnología sin perder el rostro humano del derecho.
Si algún día la justicia se resume en un “resultado sugerido” que nadie puede explicar, es que no avanzamos nada. Significa que cambiamos el martillo por el algoritmo, y eso sería un retroceso. En los tribunales, la IA puede ser aliada. El juez, nunca sustituible.
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