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En distintos puntos del país, miles de niñas y niños enfrentan las consecuencias de divorcios judicializados que se prolongan durante años. Entre expedientes, peritajes y resoluciones diferidas, sus vínculos afectivos se ven alterados por decisiones adultas que no siempre consideran su bienestar. Miguel Plata, fundador de la asociación Maas Infancia Feliz, es uno de los padres que vivió esa realidad de forma directa. A partir de su experiencia, la defensa de los derechos de la infancia se convirtió en una tarea organizada que ha reunido a familias con situaciones similares.
Una historia que derivó en una lucha colectiva
En su propio proceso, recuerda el origen de la problemática que lo empujó a involucrarse más allá de su caso particular. Lo explica a través de un episodio que marcó el rumbo de su vida.
“Esto empezó por un tema personal en 2017, de un divorcio judicializado; es decir, que no se llevó a cabo una sana terminación del matrimonio y, a partir de ahí, la obstrucción de convivir sanamente con mis hijos, dos años casi sin verlos ni saber nada de ellos y de ahí derivó entender la problemática”, comentó.
Con el paso del tiempo, comprendió que su historia no era aislada. Había encontrado que, en distintos espacios, padres y madres enfrentaban dinámicas similares en procesos donde los hijos quedaban en medio de disputas legales y personales.
“Primero fue entender que esto no es tema de géneros, sino quien usa o mal usa las leyes para beneficiarse y utilizar a los niños como moneda de cambio para pelear la custodia. Para ese entonces, 2017, aunque existían asociaciones civiles a las que me acerqué y recuerdo que una me dijo que eran héroes invisibles, porque nunca nadie los veía, entonces, nosotros somos papás y mamás que luchamos con el objetivo de que los jueces puedan intervenir rápidamente para poder convivir con nuestros hijos, porque como decía mi abuela –santo que no es visto, santo que no es adorado– entonces se trata de visibilizar”, relató.
Ese entendimiento inicial se transformó en interés por los derechos de la infancia y por el funcionamiento institucional dentro de los conflictos familiares. Convivió con personas con procesos similares, revisó leyes, observó prácticas judiciales y descubrió que había patrones repetidos en casos de obstrucción de convivencia.
“De ahí viene todo, viene la necesidad de entender qué son los derechos humanos de las infancias y eventualmente involucrarse en los temas también legales, aunque no soy abogado, pues te involucras tanto que aprendes de forma empírica y de ahí empiezas una ruta o un proceso que al final termina siendo una comparativa a un terrorismo procesal, que así le llamamos porque puede durar hasta más de ocho años”, explicó.
El periodo en que él atravesaba su proceso coincidió con la aparición de denuncias falsas, expedientes prolongados y resoluciones lentas que afectaban a niñas y niños. Estas observaciones lo llevaron a estudiar estadísticas, revisar expedientes y revisar las fallas que existían en las investigaciones relacionadas con procesos familiares.
“Empezó con diversas necesidades, visibilidad. Entendimiento de la problemática con datos duros y estadística que no se tenían contemplados. Y parte de entender la problemática es de dónde se inicia, que es de las denuncias con hechos falsos. Y, a partir de ahí, entender qué hacía la fiscalía para promover una investigación correcta, es decir, sin peritajes y todo lo que conlleva un proceso que pueda ser corrompido”, señaló.
La organización civil ante la necesidad
A medida que dialogaba con más familias, su perspectiva se ampliaba. Identificó que la gravedad de los casos no estaba limitada a un sector social o económico, sino que formaba parte de un fenómeno nacional. Mencionó que, en México, en promedio había 410 divorcios diarios, y nueve de cada 10 terminan en los juzgados con procesos de cuatro o cinco, regularmente.
Ese panorama general le permitió ver que la falta de un acompañamiento adecuado, la ausencia de protocolos y la saturación institucional generaban un contexto en el que las infancias quedaban desprotegidas. En ese clima, las familias debían asumir procesos largos, desgastantes y con poca claridad.
“De ahí es donde surge la necesidad de hacer una asociación que sea escuchada en la problemática de obstrucción parental y en 2017, todavía se hablaba de alienación parental en el Código Penal local, que estaba contemplado en el artículo 323 Séptimus, pero se derogó cuando estaba Miguel Ángel Mancera de jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se derogó por un colega muy cercano que lamentablemente perdió a sus hijos, la mamá los asesinó. El caso fue en San Jerónimo en la Ciudad de México, Mirella Grass, la persona que eventualmente después de asesinar a sus tres hijos, pues también se suicidó”, relató.
La convivencia supervisada en espacios determinados por el juez lo llevó a encontrarse con padres y madres que atravesaban procesos similares. Esos encuentros espontáneos fueron el origen de una red más amplia, que después se consolidó en un colectivo con objetivos definidos.
“En el lugar donde te manda el juez para convivir con tus hijos, ahí es donde conocí a personas, empezamos a conectarnos en diversas asociaciones de diferentes nombres, pero no era la causa. Y aquí es donde logramos también hacer un conjunto de colectivo con hombres y mujeres, aquí no es el género, sino son los hijos, niños, niñas, adolescentes que están en medio de este conflicto.
Esto es un valor agregado, porque sí nos distingue de otras asociaciones que son exclusivamente para mujeres, otras que son exclusivamente para hombres. Aquí vamos con un propósito que es el de las infancias”, explicó.
No pasó mucho tiempo para que la acción colectiva pasara a convertirse en asociación ese periodo comenzó a involucrarse de manera formal en las primeras iniciativas ciudadanas que buscaban visibilizar la problemática.
“En esos años, finales de 2018 y 2019, fue que iniciamos ya con propuestas, con manifestaciones pacíficas en el Poder Judicial de la Ciudad de México y eventualmente acercar propuestas legislativas como el Día Nacional contra la Sustracción de Menores, que se logró, fue aprobado, y tenemos en la congeladora una participación legislativa con una propuesta de ley para penalizar la sustracción de menores, aquel papá o mamá o persona cercana a la familia que oculte o retenga a un menor de edad”, comentó.
El confinamiento por la pandemia solo profundizó la sensación de aislamiento y la idea de que no existían rutas claras para saber en qué situación emocional se encontraban los menores durante el proceso.
“La problemática social es, por un lado, la falta de herramientas para contener a dos personas que se acaban de separar o divorciar, y contenerlos no solamente en la parte terapéutica psicológica, sino brindarle esto principalmente a los niños, que es ahí una necesidad. Yo tuve una necesidad de conocer cuál era la situación de mis hijos, enfrentamos el COVID y yo sin conocer, sin saber ni tener acercamiento con ellos porque te impiden de contacto alguno”, relató.
Con el tiempo, la experiencia personal se transformó en propuestas concretas que buscaban modificar prácticas institucionales. Uno de los pasos fue impulsar cambios en espacios que atienden los vínculos familiares después de una ruptura.
“Hicimos propuestas para la digitalización de los expedientes y logramos cambios en el reglamento del Centro de Convivencia Familiar, atendiendo el principio de desarrollo humano del interés supremo de las niñas, niños y adolescentes. Como principio de desarrollo humano, entendiendo que la infancia es la etapa más importante o la que debería ser la más importante para el ser humano y, eventualmente, tener un acercamiento con los tomadores de decisiones, con los actores judiciales para blindar a los niños de este proceso”, señaló.
La participación ciudadana como herramienta para cambiar estructuras
El movimiento que encabeza no surgió únicamente para denunciar omisiones, sino también para integrarse a los procesos institucionales que buscan atender conflictos familiares. Desde los primeros años trabajaron bajo la idea de que la sociedad civil puede desempeñar un papel activo en la transformación de prácticas judiciales.
“No solamente era señalar a las autoridades que estaban haciendo malas prácticas, sino también cooperar o coadyuvar con ellos, así como lo dice Estado, sociedad y familia, coadyuvaremos al sano desarrollo de la autonomía progresiva de los niños, niñas, adolescentes.
Entonces, ahí nos involucramos como sociedad civil, participando en diversas etapas desde lo legislativo, impulsamos la ley de sustracción de menores como un tema punitivo, pero también nos dimos cuenta con esta madurez de los años que hoy día la parte de castigar no significa necesariamente blindar a los niños, sino por el contrario”, comentó.
Ese aprendizaje llevó al movimiento a reorientar su trabajo hacia mecanismos que garanticen atención emocional durante los procesos judiciales.
“No existe un protocolo en ningún estado como tal donde se tenga un registro de las atenciones terapéuticas para los niños. Entonces es lo que estamos promoviendo. De hecho, voy a tener una reunión con el ahora Consejo de Disciplina del Estado de México, donde nos invitan a consejeros de Derechos Humanos.
De lo más avanzado en el Estado de México es el tema de mediación, sin embargo, es un conflicto que pareciera intestinal, o sea, no hay forma de que un adulto a veces logre entender la razón de que los niños son primero y, en este sentido, vamos a promover esta parte de la cartilla para blindar a los niños durante el proceso de divorcio y garantizando por obligación del juez las terapias adecuadas, libres de corrupción, donde ya sabemos las rutas también que han hecho los peritos”, indicó.
Dentro de los juicios familiares, Plata ha observado patrones que dificultan la convivencia entre las figuras parentales y ponen en riesgo la estabilidad emocional de los menores.
“Yo creo que el mayor reto es la falta de compromiso de los tomadores de decisiones, empezando por el papá y la mamá que no se ponen de acuerdo. No quiero decir que sea culpa de algún adulto que impide las convivencias, que manipula al niño, que obstruye contactos, ni quiero señalarlo como una persona enferma mental, porque el estar enfermo a veces no está en su responsabilidad. Lo que sí está en su responsabilidad es atenderse”, relató.
La red de responsabilidades, se extiende hacia actores legales que operan en los juicios. En algunos casos, afirma, las leyes pueden ser interpretadas de manera que beneficien más a los adultos que a las infancias.
“Después viene la familia, los abogados, principalmente aquellos que usan las leyes para favorecer a una sola parte, el papá o la mamá. Insisto, pero no a los niños. Entonces hemos visto que son usados como monedas de cambio. Hay casos donde piden hasta 3 millones de pesos mensuales de pensión alimenticia para los niños y, por supuesto, todo el conjunto de actores judiciales”, señaló.
Los obstáculos también se manifiestan en la manera en que ciertos actores legales utilizan herramientas diseñadas originalmente para proteger a sectores vulnerables. En algunos juicios, según su experiencia, estas normas pueden emplearse de forma estratégica y no necesariamente en beneficio de los niños involucrados.
“Principalmente con los abogados que mal usan la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para decir que la mujer, por el hecho de estar en desventaja, como lo precisan estas leyes, tiene de manera significativa la custodia. Eso es en estadística principalmente, pero la realidad también vemos es que si un hombre, aunque esté falseando, puede lograr que un juez le dé una restricción. Entonces, aquí es donde decimos que las autoridades tienen amplias facultades para investigar de forma inmediata.
Te voy a poner un ejemplo. Los jueces a veces contestan que se tardan hasta dos años en darte una convivencia o llevarte a un Centro de Convivencia Familiar porque están saturados de chamba, pero consúltalos al INEGI y menos de la mitad de sus asuntos son familiares. Entonces ya no nos creemos ese pretexto y sabemos muy bien que, además de que abusan de las leyes de buena fe, también los jueces participan en omitir el derecho de prioridad de las infancias”, señaló.
La necesidad de intervenciones inmediatas
La preocupación central de la organización ha sido insistir en que la atención psicológica y psiquiátrica debe formar parte del inicio del proceso de separación y no una consecuencia tardía.
“Les hemos suplicado a los legisladores la obligatoriedad para que el juez, en el momento inmediato de una separación de divorcio, emita las terapias adecuadas para todo el núcleo familiar, empezando por los niños. Que máximo en un mes se hagan estudios psiquiátricos tempranos, porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de gente que lleva más de un año y medio en el proceso de duelo para llegar a la aceptación y eventualmente hasta la propuesta de mejores prácticas, es decir, que permitan a los niños convivir con las dos figuras paterno materno, según el caso, nos dimos cuenta que es un tema que requiere la identificación de un posible trastorno”, comentó.
La observación más reiterada que reciben de familias en conflicto es que, detrás de la obstrucción de convivencias o la manipulación emocional hacia los niños, podrían existir condiciones psicológicas no atendidas. La falta de mecanismos obligatorios para realizar evaluaciones clínicas deriva en que muchos de estos casos permanezcan sin diagnóstico y, por lo tanto, sin tratamiento.
“Hemos visto también que algunas mamás y papás que obstruyen los vínculos y que manipulan a los niños, que los usan de instrumento de guerra, tienen identificado el trastorno limítrofe de la personalidad, el TLP, que le llaman así por sus siglas. Entonces, aquí el reto es que los jueces muchas veces dicen: no los puedo obligar a hacerse un estudio psiquiátrico porque violenta sus derechos fundamentales humanos. La verdad es que no es cierto, son principalmente los derechos fundamentales de los niños, las niñas y adolescentes, por derecho de prioridad, antes que los de los adultos decir: no me quiero hacer ningún estudio”, explicó.
Un trabajo que enfrenta resistencias institucionales
Aunque han logrado avances en algunas áreas, Plata reconoce que existen espacios en los que las puertas continúan cerradas. La propuesta de incorporar protocolos obligatorios ha enfrentado resistencia tanto en el terreno legislativo como en ciertos sectores del ámbito judicial.
“Nos han cerrado muchas puertas en la parte legislativa. Hemos tenido más acercamiento en el Estado de México con el entonces Consejo de la Judicatura y esperamos nos abran las puertas. La realidad es que tienen una agenda con ciertos colectivos muy puntualizados que se resisten al cambio o a las nuevas propuestas y ahí somos descartados. Ese es el reto.
Ya les demostramos que son primero las infancias. El otro es el presupuesto para abrir nuevos centros de terapia. La verdad es que les decimos, les podemos acercar toda la información y capacitación gratuita. Entonces, han sido pretextos varios, pero esos son los principales”, indicó.
A pesar de esos límites, el movimiento continúa diseñando rutas de acción con el objetivo de que las autoridades adopten sistemas estandarizados para la atención temprana de niñas y niños en procesos de divorcio.
La propuesta central de “Maas Infancia Feliz” es que cada familia que atraviesa un proceso judicial cuente con evaluaciones clínicas y seguimientos terapéuticos obligatorios.
“Es ayudar a los padres con obligatoriedad del juez a que se atiendan y se identifiquen posibles trastornos psiquiátricos. Contar con psicólogos éticos y capaces clínicos de no solamente identificar una manipulación infantil en obstrucción, sino también tomar acciones junto con los padres.
No queremos que se vaya esto a la fiscalía, por eso es que no lo quieren atender, porque cada uno se mete en un problema de los psicólogos que fueron a señalar a cada persona que pase ahí, pero tener una cartilla es lograr tener un diagnóstico, es tener soluciones con terapias adecuadas y eventualmente participar a nivel nacional con las mejores prácticas que tenemos de casos de éxito. Si lo logramos, por supuesto que vamos a tener no solamente infancias en este contexto saludable, sino también una mejor sociedad”, relató.
El recorrido de Miguel Plata, marcado inicialmente por el deseo de reencontrarse con sus hijos, se transformó en un esfuerzo colectivo para modificar la manera en que México atiende los conflictos familiares. “Maas Infancia Feliz” no solo busca cambiar reglamentos o abrir espacios de mediación, sino construir un sistema en el que las decisiones judiciales reconozcan que la salud emocional de la infancia debe ser prioritaria.
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