Las autodefensas del transporte
La presencia de grupos denominados autodefensas del transporte en por lo menos cuatro municipios del Valle de México ha llamado la atención por ser una medida hasta cierto punto desesperada ante el número casos de extorsión y robos.
Esto ocurre en Ecatepec, Coacalco, Nezahualcóyotl y Tecámac por lo pronto; no se descarta un efecto multiplicador en algunos otros municipios de la zona conurbada mexiquense a la capital del país.
Las cifras en delitos como el robo a transporte público con violencia en esos municipios mexiquenses entre el 2020 y el 2021 de acuerdo con el Atlas de Seguridad Pública del Estado de México, que tiene como base la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son las siguientes:
En términos absolutos, Ecatepec ocupa el primer lugar en denuncias con mil 144; Nezahualcóyotl figura en el cuarto lugar con 611 denuncias; Tecámac en el sitio número ocho con 271 denuncias y Coacalco en el 13 con 221.
Otros municipios como Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla se encuentran en los primeros cinco sitios en cuanto a número de denuncias por este delito, por lo que no se vería muy lejano un efecto de imitación a lo que ocurre en las otras demarcaciones en donde iniciaron los recorridos de las denominadas autodefensas del transporte.
Hay que tener presentes los motivos que propiciaron el surgimiento o aparición de estos grupos, que pueden estar relacionados con el hartazgo, la desconfianza o el temor a ser nuevamente víctimas de un delito.
Todos los delitos lastiman, laceran, pero el robo en transporte público tiene una connotación que no se debe perder de vista: quien utiliza ese medio para desplazarse lo hace porque no tiene un vehículo propio y su nivel de ingreso no es elevado. No obstante, ello son presa fácil de quienes atentan contra su integridad.
No debemos actuar al margen de lo que la ley señala, aun cuando estén justificados los motivos para hacerlo. No olvidemos el texto constitucional del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social… La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas…”
Nadie puede permanecer indiferente ante el abuso o incluso la ineficiencia, pero deben explorarse otros mecanismos de participación ciudadana. Ejemplos son varios y se han aplicado en distintos momentos, uno de ellos es el programa Vigilante Voluntario, el que en alguna ocasión contó con la participación social con ciudadanos organizados con una frecuencia de radio que alertaban a la policía sobre situaciones o eventualidades que requerían una respuesta inmediata.
En este tema urge abrir los canales de comunicación con los sectores afectados para encontrar respuestas conjuntas y evitar que sean los propios ciudadanos quienes suplanten funciones propias de las autoridades.
@periodistamex
