Las fiestas decembrinas después de la injusticia 

Las fiestas decembrinas no significan lo mismo para todas las familias. Para algunas, no hay  luces ni celebraciones, sino recuerdos asociados al encierro, a procesos judiciales inconclusos y a sentencias que marcaron un antes y un después. Es el caso de la familia Santiago Lorenzana, cuyos hijos Edmundo, Enrique y Heriberto fueron detenidos arbitrariamente y torturados en 2008. A uno de ellos, años después, le fue diagnosticado cáncer testicular, un padecimiento que la familia asocia directamente con las secuelas de la tortura.

Jaime Santiago Lorenzana, hermano de los tres hombres que desde hace casi 17 años permanecen privados de la libertad, reconstruyó los hechos de la detención y el impacto prolongado que el encarcelamiento ha tenido en la vida familiar, en la salud y en la forma de habitar fechas que para otros representan celebración.

“Todo inicia con una detención arbitraria en el año de 2008. Mis hermanos se fueron a sus labores y fueron abordados por policías de investigación, que sí iban uniformados pero sin ninguna orden de aprehensión.Enrique iba para su trabajo, fue abordado como a las 7:30 de la mañana y jamás lo pusieron a disposición del Ministerio Público, lo que pasa es que fue desaparecido por 6 horas, torturado, incomunicado; a Heriberto lo sustrajeron de su trabajo sin explicaciones y lo mismo pasó”, comentó.

La detención y la tortura

Los hechos ocurrieron de manera escalonada y sin información clara para la familia. La detención de Enrique y Heriberto se dio en sus espacios laborales, sin órdenes judiciales y sin que fueran presentados ante la autoridad correspondiente en el tiempo que marca la ley. Esa ausencia de información fue lo que llevó a Edmundo a intentar averiguar qué había ocurrido con sus hermanos.

“Edmundo se entera por una vecina que se llevaron a sus hermanos y llega solito al Ministerio Público a preguntar qué fue lo que pasó; cuando llega, solo dicen ‘ya llegó el otro’ y sin más lo retienen.

Para entonces ya los habían torturado, les habían provocado asfixia, golpes; a mi hermano Edmundo le dieron choques eléctricos en genitales y lo que hicieron fue doblegar su voluntad para firmar unas hojas que ni siquiera los dejaron ver. Era un delito de homicidio y cohecho”, relató.

La familia sostiene que la confesión obtenida fue resultado de tortura y que nunca existieron elementos materiales que los vincularan con el delito que se les imputó. A pesar de ello, el proceso judicial avanzó y derivó en una sentencia condenatoria.

Un proceso judicial sin pruebas

Jaime recuerda que desde el inicio del proceso existieron inconsistencias que nunca fueron aclaradas, incluso, hubo documentos oficiales que limitaban el alcance de la investigación y que no contemplaban la privación de la libertad de sus hermanos.

“Cuando inició el proceso de investigación había un oficio que ordenaba solamente recabar datos muy puntuales como nombres, de dónde son; incluso el oficio dice que ‘sin privarlos de la libertad’. Cuando llega el proceso, un ministerial admite que no investigaron, nunca se halló un vínculo con la hoy occisa; pasaron en promedio 13 jueces que jamás supieron de nada, como familiares jamás nos dejaron pasar a las audiencias. Hubo pruebas periciales que los beneficiaban, ningún material biológico los pudo vincular y en las declaratorias todas coinciden en que no estuvieron mis hermanos y ni los conocen”, señaló.

Pese a ello, Edmundo, Enrique y Heriberto recibieron una sentencia de 60 años de prisión, que posteriormente fue reducida a 56 años tras la interposición de algunos recursos legales. Para la familia, la condena no solo significó la pérdida de la libertad de sus hermanos, sino una ruptura definitiva con la vida que llevaban hasta entonces.

Enfermedad y organización colectiva

Años después de su detención, Edmundo presentó un deterioro grave en su salud. En 2018 recibió un diagnóstico de cáncer testicular, el cual se relaciona con los tratos recibidos durante la tortura, según el diagnóstico.

“Cuando se exigió este dictamen para evidenciar los tratos crueles e inhumanos, fue aplicado por la misma fiscalía, entonces nunca le valoraron este diagnóstico de tortura, argumentaron que había golpes frecuentes, pero las secuelas van más allá”, comentó.

Durante los primeros años de encarcelamiento, la familia buscó apoyo de manera individual a través de cartas dirigidas a autoridades estatales y federales. Sin embargo, no obtuvieron respuestas que derivaran en una revisión efectiva del caso.

“Lamentablemente ya llevan prácticamente 17 años injustamente presos, y en ese tiempo todavía no había cómo visualizar o difundir la injusticia; de manera individual mandamos cartas a los gobernadores, a los presidentes, la respuesta era ir con la Defensoría Pública, pero nunca recayó en un seguimiento oportuno y siempre estuvimos pensando en cómo hacer algo”, relató.

Fue hasta 2020 cuando la familia se integró al colectivo Haz Valer Mi Libertad, un 

espacio desde el cual comenzaron a articularse con otras personas en situaciones similares y a visibilizar los casos de personas privadas de la libertad sin pruebas suficientes.

Desde entonces, las acciones emprendidas por la familia y el colectivo han estado orientadas a incidir en mecanismos legales como la Ley de Amnistía, el indulto y la revisión extraordinaria de sentencias.

“Cada plantón, cada huelga de hambre va orientado a esta incidencia política para tomar iniciativas de ley, reformas y que cada mecanismo que está varado en la ley reactivarlo; en su momento fue la Ley de Amnistía, pero hay muchos más: el indulto, revisión extraordinaria, reconocimiento de inocencia, entre otros”, comentó.

Diciembre sin celebraciones

El impacto del encarcelamiento también se refleja en la vida cotidiana y en las fechas que solían ser de reunión familiar. Jaime recuerda con precisión el momento en que la Navidad dejó de ser una celebración para su familia.

“En nuestro caso es muy doloroso porque en una de las visitas al penal viejito de Tenango del Valle notamos a nuestros hermanos muy tristes; pensamos que era por las fechas, pero finalmente fue que un 24 de diciembre les notificaron la sentencia de 60 años. Para nosotros nunca volvió a haber celebraciones en estas fechas”, relató.

Las condiciones materiales y emocionales también cambiaron. Las fiestas se transformaron en días comunes, marcados por la ausencia y la preocupación constante.

“En casa no hay ningún tipo de adorno, salvo una nochebuena y eso porque nos la regalaron. Para nosotros no existe ese espíritu y lamentablemente a veces tienes que recaer en la convivencia por obligación o necesidad, porque los demás familiares no tienen la culpa y nosotros estamos así”, señaló.

A pesar del paso del tiempo, el dolor no se diluye. Diciembre sigue siendo un mes difícil, aunque la familia ha aprendido a canalizar ese sentimiento hacia la organización y la exigencia de justicia.

“No puedo demeritar el sentir de todas mis compañeras porque también la están padeciendo, pero personalmente son fechas muy nostálgicas, todo diciembre, desde que empiezas a ver la venta de artículos navideños. No se vuelve más fácil, pero con el tiempo aprendes a tener ese temple, sobrellevarlo; jamás va a ser fácil, no me atrevería a decir que con el tiempo mejora”, comentó.

La historia de la familia Santiago Lorenzana no se limita a un expediente judicial ni a una sentencia. Es una narrativa que atraviesa casi dos décadas y que se expresa en la ausencia durante las fiestas, en la enfermedad derivada de la tortura y en la transformación de una familia que pasó de la espera silenciosa a la organización colectiva. Mientras el proceso legal continúa sin una resolución definitiva, diciembre sigue llegando sin adornos, pero con la convicción de que la lucha, para ellos, es la única forma de permanecer unidos y de no normalizar la injusticia.

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