Líder de Movimiento Ciudadano denunciará a alcalde de Jilotzingo

La tensión política en el municipio se intensificó luego de que la abogada Esther Tapia, asesora legal de la líder municipal de Movimiento Ciudadano, Alejandra Rojas Báez, anunció que el próximo lunes interpondrá una denuncia ante el Tribunal Electoral por violencia política de género en contra de su representada. La acción legal se dirigirá contra el presidente municipal de Jilotzingo, Raziel Chavarría Chavarría, a quien se le acusa de realizar declaraciones falsas y difundir información sin ser autoridad competente, afectando directamente la integridad política y personal de la funcionaria.

Denuncia contra alcalde de Jilotzingo

De acuerdo con Tapia, el alcalde aseguró públicamente que las víctimas no fueron objeto de ningún delito, cuando en realidad aún no existían declaraciones oficiales.

“Ni siquiera habían rendido testimonio las víctimas y él ya estaba diciendo que la muchachita se había ido de fiesta. Eso es una irresponsabilidad y una falta de respeto”, señaló la abogada, quien subrayó que tales afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que además tienen un trasfondo político.

Información negativa contra Alejandra Rojas

La asesora legal denunció que existen páginas en redes sociales que han difundido información negativa contra Alejandra Rojas, aparentemente con la intención de desprestigiarla.

“Todo esto tiene una connotación política. Se está utilizando el tiempo en redes para atacar a la oposición. No entiendo por qué involucraron al partido Movimiento Ciudadano, cuando como institución no ha tenido participación en este asunto”, expresó.

Tapia también acusó al presidente municipal de obstaculizar las investigaciones, pues hasta el momento no ha entregado a la Fiscalía los videos del C4 que fueron solicitados como parte de las diligencias.

“No ha aportado un solo video, y eso es grave porque se trata de pruebas fundamentales para esclarecer lo ocurrido”, puntualizó.

La abogada recordó que la liberación de las personas involucradas en el caso se logró gracias a la presión ciudadana. El domingo pasado, vecinos del municipio se movilizaron de manera masiva para buscarlos, con decenas de camionetas recorriendo distintos puntos. La Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Dirección General de Búsqueda de Personas también participaron en el operativo, que fue descrito como “impresionante” por la propia Tapia.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Dirección General de Búsqueda, que busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Mientras tanto, la defensa de Rojas Báez ya solicitó formalmente el derecho de réplica, amparado en la Ley Reglamentaria del artículo 6 de la Constitución. En caso de que este recurso no sea respetado, se procederá a la fiscalización del expediente correspondiente.

Tapia relató que al momento de las declaraciones del alcalde, las víctimas ni siquiera habían sido sometidas a exámenes médicos ni habían rendido declaración oficial. “Yo estaba acompañando a Alejandra para que le realizaran todos los estudios: ginecológico, de alcohol y físico. No se había hecho nada de eso y él ya estaba asegurando cosas sin pruebas. ¿Cómo se atreve a decir eso?”, cuestionó.

Violencia política de género

La denuncia que será presentada el lunes busca sentar un precedente contra lo que la defensa considera violencia política de género, ejercida desde el poder municipal contra una mujer que representa a la oposición. “Se hará la denuncia por haber hecho declaraciones falsas y por utilizar su posición para desprestigiar a una mujer en política”, concluyó Tapia.

Con este paso, el caso de Jilotzingo se convierte en un nuevo ejemplo de cómo la confrontación política puede derivar en ataques personales y en la vulneración de derechos, especialmente cuando se trata de mujeres que participan en la vida pública. La expectativa ahora está puesta en la resolución del Tribunal Electoral y en el avance de las investigaciones que aún siguen abiertas.

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