/https://wp.lajornada.prod.andes.news/wp-content/uploads/2026/04/image-254.png)
La protección de datos personales en posesión de autoridades públicas en México se encuentra regulada por un marco legal que establece obligaciones para dependencias federales, estatales y municipales, así como para organismos autónomos. No obstante especialistas en derecho señalaron que su aplicación depende de la capacidad operativa de las instituciones.
Ley de datos enfrenta retos institucionales
El abogado especialista en derecho administrativo, Jorge Luis Herrera Morales, explicó que la base jurídica que regula el tratamiento de información personal en el sector público establece responsabilidades claras para las autoridades que recaban y administran datos de la ciudadanía.
“El sistema jurídico mexicano en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados se encuentra definido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esta norma establece obligaciones específicas para las instituciones públicas en cuanto al tratamiento de información, así como principios de finalidad, proporcionalidad y responsabilidad en el manejo de los datos”, mencionó.
Añadió que, además de la legislación general, existen órganos garantes encargados de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual puede intervenir en casos de incumplimiento o negativa de acceso a derechos de los ciudadanos.
Asimismo señaló que, aunque el marco normativo es suficiente para establecer obligaciones claras, el principal reto se encuentra en su implementación por parte de las instituciones públicas. Indicó que la heterogeneidad entre niveles de gobierno genera diferencias en la capacidad de cumplimiento.
Consecuencias de un cumplimiento parcial
“El problema no está en la ausencia de regulación, sino en la capacidad real de las instituciones para cumplirla y hacerla exigible. Existen dependencias con infraestructura adecuada y personal especializado, pero también hay autoridades locales que no cuentan con recursos técnicos suficientes para implementar medidas de seguridad de la información de manera constante”, señaló.
El abogado agregó que esta situación se refleja en la operación diaria de sistemas que manejan datos sensibles de la población, como plataformas de atención ciudadana o registros administrativos, donde la actualización tecnológica y la supervisión pueden variar entre entidades.
“La aplicación de la ley depende de factores como presupuesto, capacitación del personal y actualización de sistemas. Cuando estos elementos no se encuentran alineados, el cumplimiento de las obligaciones legales puede ser parcial. Esto genera diferencias en la forma en que se protege la información en cada institución”, mencionó.
Continúa leyendo:
- Protección de la Sierra de Guadalupe es reforzada ante temporada de incendios
- Construyen 18 presas de gavión en la Sierra de Guadalupe, en Coacalco
- Vecinos de Tultitlán critican despliegue policiaco desproporcionado en riña vecinal
- Identifican a tirador de la zona arqueológica de Teotihuacán
- Momento exacto donde agresor habla con rehenes previo a tiroteo en Teotihuacán [VIDEO]
Sigue nuestro CANAL ¡La Jornada Estado de México está en WhatsApp! Únete y recibe la información más relevante del día en tu dispositivo móvil.
pat
