Matrimonio del Edomex fue víctima de cártel inmobiliario

Un matrimonio de Atizapán, denuncia haber sido víctima de un fraude inmobiliario que supera los 11 millones de pesos, en el que estarían involucrados notarios, empresarios y autoridades de la administración pasada.

El caso refleja la operación de un presunto cártel inmobiliario que, pese a las reformas legales recientes, continúa despojando a familias de su patrimonio.

Matrimonio víctima de un presunto cártel inmobiliario

Los afectados son José Alfredo González y Alma Ávalos, vecinos de Atizapán, quienes en julio de 2023 adquirieron un terreno en el exclusivo Condado de Sayavedra por la suma de 4 millones de pesos. Tras verificar la operación en la Asociación de Colonos, recibieron la confirmación de que todo estaba en regla. Confiados, iniciaron la construcción de su vivienda, en la que invirtieron más de 7 millones de pesos adicionales, fruto de más de tres décadas de trabajo y ahorro.

En total, el patrimonio invertido asciende a 11 millones de pesos, cifra que hoy se encuentra en riesgo por un entramado de corrupción y documentos falsificados, acto que pasó en la admisnitración pasada.

El terreno fue ofrecido por Carlos Vázquez, conocido en la zona como “Carlos Ruy”. Según el testimonio de José Alfredo, este personaje lo convenció insistentemente de adquirir el lote identificado como Manzana 24, Lote 16, Sector 5, Primera Privada de Nottingham.

Carlos Ruy aseguró que se trataba de una gran oportunidad y que originalmente él mismo lo quería, pero decidió “cederlo” al matrimonio. Para dar confianza, presentó a su recomendado y supuesto propietario, Alejandro “N”, con quien se pactó la operación en la Notaría 157 de la Ciudad de México.

La compraventa se formalizó el 25 de julio de 2023, y desde entonces los afectados iniciaron la construcción de su casa, convencidos de que todo estaba legalmente respaldado.

Durante casi un año, la entrega de escrituras fue retrasada con múltiples excusas. Finalmente, al acudir a exigir el documento, José Alfredo se enteró de que existía una carpeta de investigación en la Fiscalía de Despojos del Estado de México.

Allí le informaron que los documentos eran apócrifos y que existía un supuesto dueño que reclamaba haber sido despojado del terreno y nadie los alertó en ningún momento sobre el problema, pese a que la construcción avanzó durante dos años.

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Operativos irregulares y amenazas

El afectado relata que un funcionario identificado como Celso, lo citó en la colonia México Nuevo, lejos de las instalaciones oficiales de la fiscalía. Allí le ordenó desalojar la vivienda y retirar sus pertenencias, bajo el argumento de que se realizaría un cateo. Incluso le advirtió que participarían elementos de la Marina y la Guardia Nacional, lo que incrementó la presión y el temor de la familia.

José Alfredo asegura que este procedimiento violó todos los protocolos ministeriales, pues no se realizó en instalaciones oficiales ni con las formalidades que marca la ley. Para él, es evidente que existe una colusión entre autoridades de la administración pasada y particulares para consumar el despojo.

“Mi esposa y yo tenemos más de 50 años. Estos ahorros representan el patrimonio de toda una vida. El dolor de saber que, por culpa de un cártel inmobiliario, lo hemos perdido todo, es indescriptible”, declaró José Alfredo con profunda indignación.

El matrimonio señala directamente a Carlos Vázquez “Carlos Ruy” y a Alejandro “N”, quienes habrían presentado escrituras falsas para consumar la venta.

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Matrimonio teme que cómplices impida que se haga justicia

Aunque el programa de restitución de inmuebles ha tenido éxito en el Estado de México, beneficiando a personas despojadas, casos como este demuestran que las reformas legales —incluidas las derivadas del llamado “Caso Carlota”— no han sido suficientes para frenar la operación de grupos dedicados al fraude inmobiliario.

La Fiscalía Regional ya recibió la denuncia contra Alejandro “N”, pero los afectados temen que la red de complicidades impida que se haga justicia. Mientras tanto, su casa permanece asegurada y ellos enfrentan la incertidumbre de perder definitivamente el patrimonio de toda su vida.

Este caso expone la fragilidad del sistema de seguridad jurídica en materia inmobiliaria y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de verificación y protección para los compradores. El matrimonio González-Ávalos exige justicia y advierte que su experiencia no es aislada: detrás de cada fraude hay familias enteras que ven derrumbarse sus sueños por la acción de un presunto cártel inmobiliario que opera en complicidad.

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MPH