Metacandidaturas mexiquenses

La falta de una cultura de la legalidad es una tradición generalizada en nuestro país, especialmente entre los actores políticos, ya sean partidos o líderes. Eso se puede ver claramente entre quienes aspiran a las candidaturas para la gubernatura del Estado de México. Los partidos que contenderán en 2023 por ese cargo han encontrado la manera de adelantar las campañas electorales, inventando cargos que no están en los estatutos vigentes.

En el caso de Morena, desde agosto pasado se inventó un cargo para posicionar electoralmente a la ex secretaria de Educación, Delfina Gómez, antes de que siquiera arranquen las precampañas electorales: Coordinadora de la Defensa de la 4T, aunque todavía no lo asume. En el caso del PRI, casi copiando el modelo anterior, la semana pasada se nombró a la ex secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, como Coordinadora para la Defensa del Estado de México.

 En cuanto al PAN, a pesar de que no inventó un cargo para destapar a Enrique Vargas, todavía no es claro si será o no candidato de ese partido. El resto de los partidos, aunque por momentos han mencionado algunos nombres, no han definido nada. El PRD ha propuesto a Omar Ortega y Movimiento Ciudadano a Juan Zepeda. El PVEM, el PT y NA han guardado silencio, a la espera de conseguir una alianza que les brinde muchos beneficios electorales.

En los hechos, el Estado de México está viviendo al menos dos metacandidaturas, es decir que van más allá de lo estrictamente jurídico: la del PRI y la de Morena. Es decir que la competencia se está dando entre aspirantes que no detentan candidaturas legales, sino de facto. Es un secreto a voces las actividades proselitistas que ambas realizan de forma cotidiana, con miras a conseguir la gubernatura el próximo año. Ambas aspirantes podrían ser consideradas metacandidatas.

Mientras esto ocurre en el PRI y Morena, los dos partidos con más electores y poder en la entidad, firmes aspirantes a ganar la próxima elección, el IEEM y el Tribunal Electoral local siguen sin mostrar la voluntad suficiente para que se respeten los tiempos electorales, cuyo calendario inicia hasta enero de 2023. 

A pesar de que el IEEM cuenta con facultades legales para investigar y deslindar responsabilidades, en situaciones como la descrita, se escuda en su condición de árbitro para no hacerlo. Tramposamente argumenta que eso lo convertiría en juez y parte, lo cual es una interpretación retorcida de la ley.

Te recomendamos: Las llamadas y mensajes a Lorenzo Córdova

En el fondo, el IEEM no investiga a las candidaturas opositoras porque si lo hace también tendría que hacerlo con el tricolor. El principal beneficiario de su inacción es el PRI. Por su parte, el INE local no actúa con suficiente firmeza para que se respeten las leyes. Siempre se ha escudado en que no puede actuar de oficio y voltea hacia otro lado.

Lo mismo puede decirse del Tribunal Electoral local, el control que ejerce el gobierno estatal, a través de los magistrados afines, es muy grande. Basta con que les ordenen que resuelvan en determinado sentido y lo acatan. Esa es la razón por la que se discute la permanencia de estos tribunales. Carecen de autonomía frente al poder gubernamental y no resuelven los conflictos electorales locales. No son útiles.

En este contexto, es previsible que en los próximos meses veamos más metancadidaturas al margen de la ley. La pregunta obligada es: ¿respetarán la ley como gobernantes quienes hoy la violan aprovechando la inacción de las autoridades electorales? Es por lo menos dudoso.