México rechaza informe de la ONU sobre desaparición forzada; lo califica de “tendencioso”

El gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), al que calificó de “tendencioso” y carente de rigor jurídico. 

México tacha de tendencioso informe de la ONU sobre desaparición forzada

Mediante un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) acusaron al organismo internacional de omitir los avances institucionales de la administración actual y de presentar un análisis parcial sobre la crisis de personas desaparecidas en el país.

La controversia escaló tras la decisión del CED de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remita la situación de México a la Asamblea General con carácter de urgencia. 

Esta medida busca que el plenario de la organización evalúe acciones de apoyo al Estado mexicano en la prevención, investigación y castigo de este delito, que ya acumula cerca de 133 mil casos sin resolución.

El informe de Naciones Unidas sitúa a México como la nación con el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel global. De acuerdo con el documento, el país concentra 819 de estos mecanismos entre 2012 y febrero de 2026, cifra que representa 38% del total mundial. 

Además, el comité alertó sobre un repunte significativo en los últimos cinco meses (septiembre de 2025 a febrero de 2026), periodo en el cual se sumaron 40 nuevas solicitudes.

Ante estos señalamientos, el Ejecutivo federal sostuvo que el análisis del comité se fundamenta principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, correspondientes a gestiones anteriores. 

Los argumentos de la defensa mexicana

La actual administración lamentó que el CED rechazara la información actualizada que presentó el Estado el pasado 27 de marzo, la cual detalla los esfuerzos de la gestión de Claudia Sheinbaum.

“El informe omite considerar las medidas tomadas por este Ejecutivo y muestra ligereza en sus premisas”, señalaron las dependencias. 

Asimismo, las autoridades mexicanas denunciaron un presunto conflicto de interés dentro del CED. Según el comunicado, al menos uno de los integrantes del comité colaboró previamente con organizaciones que han interpuesto quejas contra el Estado mexicano, lo que compromete la imparcialidad del fallo.

Finalmente, el gobierno mexicano reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y destacó las reformas legislativas emprendidas en coordinación con colectivos de familiares. 

Si bien México se declaró abierto a la cooperación técnica internacional, advirtió que no aceptará diagnósticos que no reflejen la realidad actual del país.

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