Mitos y verdades de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Desde la última entrega que hablamos de la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, mucho ha ocurrido, manifestaciones de descontento, foros de consulta de parte de la Cámara de Diputados Federal y un sinnúmero de foros de discusión.

Consideramos que muchas de las preocupaciones motivo de descontento, no tenían un sustento de fondo, muchos de los puntos tocados, o no están contemplados de ninguna forma o si se contemplan y no se logran identificar, pueden ser motivo de claridad en la redacción, tal vez hizo falta ser más explícitos, detallar los alcances u alguna otra razón.

Pero no debemos de ser el tipo de personas que al señalar el sol con un dedo, lo que veamos sea el dedo, la propuesta es muy favorable para el país en múltiples sentidos, con el simple hecho de retomar la rectoría estatal de las concesiones y asignaciones, debería ser suficiente para decir que dimos un gran paso adelante, fueron décadas de un mercado secundario donde se perdió la regulación de las mismas.

El registro público de derechos de agua actual carece de confiabilidad, en los datos presentados, lo que es el papel no se corresponde con lo que ocurre en la realidad, lo que permitió que se incrementaran graves problemas como el acaparamiento, el enriquecimiento a costa del mal uso de las concesiones, la sobreexplotación y el huachicol del agua, las ciudades, el campo, las empresas mismas podrían estar sufriendo las consecuencias de esto, son más de 500 mil concesiones y asignaciones, y que ante una inminente disminución de la disponibilidad del agua en el país, se hace más que necesario que se comience por saber quiénes, cuánto y para qué tienen concesiones de agua.

La prelación de los usos del agua es muy clara y no tiene cambios, el uso personal y doméstico tiene prioridad sobre otros usos, las ciudades crecen, la economía requiere de nuevas unidades económicas que necesitan agua, la población necesitará garantizar la seguridad alimentaria de México, y no dejando de lado que el uso público urbano requiere trabajar mucho en un uso racional y eficiente del agua que se le asigna, y que aún tenemos empresas que no han invertido en la utilización eficiente del agua, y todo esto debe ser el sol al que veamos cuando apuntamos con una reforma como la que se plantee.

Para el sector agrícola, que es uno de los que mayores preocupaciones han externado, no se identifican violaciones a sus derechos adquiridos, se respetan los derechos de agua por herencia, se respetan los derechos de la tierra cuando sean vendidos o rentados, siempre que sean para el mismo uso, esto abre una ventana de oportunidad a garantizar los derechos de los agricultores personales o de autosubsistencia, ante un mercado secundario que suele ser violentador de derechos.

Con la información y regulación debida, los siguientes pasos deberá ser la corrección de sobreconcesionamiento, duplicidad de registros, regularización de títulos, planeación hídrica, programas de eficiencia en todos los usos, entre tantos aspectos, poco se hablado de los derechos de descarga, que sin duda también se podrá aprovechar la reforma para fortalecerlos, y sin duda la Conagua deberá vivir un proceso de fortalecimiento institucional, con efectivos mecanismos de participación ciudadana.

Esta reforma dista por sí misma de plantear todos los aspectos que darían pie a un modelo sostenible del agua en México, pero siempre hay un deseable de lo posible, el agua, al igual que la tierra es un tema de tal importancia pública que requiere pasos seguros para lograrlo, de otra forma pierdes la capacidad de instrumentación, de validar que son los pasos correctos.

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PAT

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