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La bancada de Morena abrió el debate sobre la creación de una nueva Ley del Indulto, que considere condiciones de vulnerabilidad como enfermedad grave, vejez, afectaciones irreversibles a hijas e hijos menores, vulneraciones documentadas al debido proceso, discriminación estructural, barreras lingüísticas y culturales.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis, debate y posterior dictaminación para regresar al pleno en las próximas semanas para su entrada en vigor.
Propuesta de nueva Ley de Indulto
La propuesta es del diputado local de Morena, Octavio Mártinez Vargas, advierte que hasta 2024 había 236 mil 773 personas privadas de la libertad, de las cuales 36.7% no contaban con sentencia, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En tanto, cifras oficiales colocaron a la entidad con una tasa de ocupación de 238 reclusos por cada 100 espacios disponibles, pues en 2023 los internos ascendían a 35 mil 141. Y la evaluación del Sistema Penitenciario mexiquense se sitúa en 6.86.
El proyecto plantea que el indulto sea una herramienta para atender las consecuencias humanas, sociales y estructurales que acompañan la privación de la libertad.
“Cuando una pena se vuelve incompatible con la dignidad humana, la justicia exige un mecanismo que permita al Estado corregir esa discordancia sin recurrir a la revisión judicial de la sentencia” advierte el contenido del proyecto legislativo.
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La iniciativa será aplicada por el Ejecutivo estatal
La reforma advierte que en el Sistema Penitenciario mexiquense existen siete mil 441 personas privadas de la libertad que pertenecen a los pueblos originarios; así como siete mil 668 personas adultas; tres mil 684 viven con alguna discapacidad física y otras cuatro mil 593 enfrentan discapacidad psicoemocional.
En dicho contexto, la iniciativa plantea la creación de una nueva Ley del Indulto, que será aplicada por el Ejecutivo estatal, quien deberá emitir un reporte en cada inicio del período ordinario de sesiones de cada año con el informe de los casos.
Una vez entrado en vigor el dictamen, se tendrá 90 días para instalar el Consejo Consultivo de Indulto para analizar los casos, que podrán ser promovidos por los propios reos o por terceras personas.
En tanto, el Congreso local deberá hacer un análisis cada 5 años para identificar la necesidad de reformas y adecuaciones a la normatividad.
La figura será aplicable para internos por enfermedad grave, vejez, afectaciones irreversibles a hijas e hijos menores, vulneraciones documentadas al debido proceso, discriminación estructural, barreras lingüísticas y culturales.
Además, haber cumplido al menos una quinta parte de la pena privativa de libertad cuando esta no exceda de cinco años, así como haber cumplido al menos una tercera parte o la mitad de la pena privativa de libertad cuando esta exceda de veinte años.
Estarán exentas personas sentenciadas reincidentes o habituales, condenadas penalmente mediante diversas sentencias ejecutoriadas o en una o por dos o más delitos cometidos en actos distintos, entre otros.
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MPH
