Afuera de los juzgados de Almoloya de Juárez, minutos antes de ingresar a la audiencia donde un juez le explicaría los fundamentos de su sentencia de 50 años de prisión, María Guadalupe González Martínez, mujer otomí y madre de dos hijos, reiteró su inocencia y denunció las irregularidades que, asegura, marcaron su proceso penal por el delito de secuestro.
“Me han sentenciado a 50 años por algo que no cometí. Ya me habían absuelto de dos de los tres delitos, pero volvieron a sentenciarme por uno solo, sin pruebas y violando mis derechos”, declaró en entrevista, visiblemente conmovida, acompañada de su hermana Cecilia González, quien también enfrenta acusaciones derivadas del mismo caso.




Hizo falta un traductor
Acompañada de amigos y activistas que portaban pancartas y gritaban consignas para exigir justicia para ella, María Guadalupe recordó que en octubre de 2024 se repuso el proceso judicial tras una apelación que reconoció violaciones a sus derechos, como la falta de traductor de su lengua materna y la ausencia de perspectiva de género. Sin embargo, en la nueva audiencia del 1 de octubre de 2025, el juez Víctor Hugo Martín García volvió a dictarle una sentencia de 50 años de prisión.
González Martínez insistió en que su caso surgió después de que en noviembre de 2021 demandó pensión alimenticia al padre de sus hijos, y que poco después fue acusada por la actual pareja de éste de delitos como abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro.
“El Estado me ha condenado solo por exigir un derecho para mis hijos. No me voy a rendir, porque no pueden encarcelar mi verdad ni mi dignidad”, dijo.
Mujer Otomí alega injusticia desde su detención
De acuerdo con organizaciones civiles que acompañan su defensa, la detención de María Guadalupe ocurrió en condiciones irregulares: fue interceptada afuera de su domicilio por un grupo de personas que la trasladó sin orden judicial a la fiscalía y luego al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció casi dos años privada de la libertad. Tras su liberación, se le impuso una medida cautelar que restringe sus movimientos a un radio de 500 metros con un brazalete electrónico.
Los defensores sostienen que el expediente está plagado de inconsistencias. La Fiscalía presentó una versión en la que la víctima supuestamente fue rescatada y hospitalizada, pero, según la defensa, el expediente médico del IMSS demuestra que nunca fue ingresada ni atendida en los días señalados.
“Pedimos el expediente clínico y no existe ningún registro de ingreso. Tampoco hay bitácoras de los policías que supuestamente la rescataron”, afirmó la sentenciada.
Derechos humanos solicitó que el caso sea revisado
Organizaciones de derechos humanos han solicitado que el caso sea revisado por instancias superiores y que se garantice la aplicación de la perspectiva de género e interculturalidad. Señalan además que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez había hecho en meses pasados un llamado a revisar el expediente y a garantizar el acompañamiento de la Defensoría Pública del Estado de México, aunque hasta ahora no se ha emitido pronunciamiento oficial sobre la nueva sentencia.
“Nosotras somos inocentes”, exclamó María Guadalupe antes de ingresar a la audiencia, acompañada por familiares y representantes de colectivas feministas que acudieron para exigir justicia. Su hermana Cecilia advirtió que ambas han recibido amenazas a través de redes sociales y pidió al Poder Judicial y a la Fiscalía del Estado de México medidas de protección.
El juez de control notificó a la mujer la sentencia de 50 años de prisión, aunque la defensa cuenta con 10 días hábiles para presentar una apelación. Mientras tanto, la organización que acompaña el caso anunció que seguirá solicitando la intervención de autoridades estatales y federales para garantizar un proceso justo.
“Me podrán arrebatar la libertad, pero no la esperanza. Seguiré luchando por demostrar mi inocencia y por todas las mujeres que están presas sin haber cometido delito alguno”, concluyó María Guadalupe González Martínez, antes de ser conducida nuevamente al interior del recinto judicial.
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