Nacidos tras las rejas, 23 menores en Edomex
Dentro de los penales del Estado de México, en los que cuentan con población femenil, la maternidad también se vive detrás de las rejas. Actualmente, 23 pequeños habitan en estos inmuebles con sus madres, quienes están sentenciadas por diversos delitos, pero que han encontrado en sus pequeños una forma de luchar por recuperar su libertad.
A nivel nacional se estima que mujeres representan 6 por ciento de la población penitenciaria en México, la mayoría están privadas de la libertad sin una sentencia y dentro de los centros penitenciarios enfrentan violaciones importantes a sus derechos humanos; además de que, pese a es una población flotante, se calcula que 400 infantes viven dentro de una cárcel.
Uno de estos casos es el de Susana, una personas privada de la libertad (PPL), condenada a 95 años de prisión de los cuales ha compurgado seis, por el delito de secuestro, en el penal de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez. Aunque decidió reabrir su caso motivada por la maternidad.
Si bien éste es uno de los penales que cuenta con instalaciones apropiadas e incluso un área destinada para la maternidad, en la que los letreros de “No grites” abundan, el escenario está lejos de lo ideal para la crianza de un bebé.
Diversos estudios señalan que los menores no tienen la noción de que viven detrás de las rejas hasta los seis años, cuando la socialización comienza a ser pieza clave en sus vidas, por lo que antes de esa edad deben ser excarcelados.
Para Susana, cuya identidad real se reservó con fines de protección a sus derechos y los de su hija, los días dentro de Santiaguito tomaron sentido una vez que parió. Dentro de prisión no tuvo a quién le ayudará a prepararse para la maternidad y el cuidado de su hija depende totalmente de ella, por lo que incluso ir al baño se convierte en un protocolo de seguridad.
“Ha sido una fortaleza tener a mi bebé, pero también tiene su lado complicado pues en algún momento en parte de mi proceso me tengo que separar de ella”, reconoció mientras jugaba en la Bebeteca que fue donada por la Fundación Reinserta en 2021 para dignificar las condiciones de vida de los menores dentro de los penales.
Para la joven madre, una mala decisión afectó el curso de su historia de vida por lo que ahora lucha por demostrar su inocencia y poder vivir con su hija fuera de prisión, criarla y estar cerca todos los días y no sólo en los días de visita una vez que llegue a la edad límite para permanecer en el penal.
“Mucha gente podría creer que es egoísta que tengamos a los bebés aquí, porque ellos no deberían estar aquí, pero nosotras también tenemos el derecho de ejercer la maternidad y pues ellos, de estar con nosotras”.
Aunque no tiene lujos, el área A-1 -donde viven quienes tienen a sus hijos en prisión- está llena de color. Las celdas en los penales no se distinguen por ser lugares llenos de alegría, pero ahí las paredes cobran vida e incluso el ambiente se percibe diferente gracias a las risas -e incluso los llantos- de los bebés.
Sin embargo, todo es una etapa.
El sistema penitenciario mexiquense permite que las madres convivan en reclusión con sus hijos hasta los tres años, una vez que los infantes cumplen esta edad, deben salir del penal y reinsertarse en un núcleo familiar que, comúnmente, es encabezado por la abuela materna.
Espacios dignos en las cárceles
En Santiaguito se cuenta con una Bebeteca, como parte del programa de reinserción social y protección de los derechos humanos, misma que fue inaugurada por Reinserta en septiembre de 2021.
Lo anterior debido a que el derecho a maternar detrás de las rejas no es nuevo, es por ello que la fundación que trabaja con niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han estado expuestas y expuestos a situaciones traumáticas relacionadas con el sistema de justicia penal; buscó que esta convivencia contara con un espacio digno pues la protección del interés superior del menor no debería estar violentado ni siquiera en un penal.
Esta Bebeteca ofrece a las madres talleres de crianza positiva, estimulación temprana, desarrollo motriz, cognitivo, habilidades de lenguaje y habilidades sociales para el desarrollo de los niños o niñas que se encuentran dentro de la prisión con sus madres y se desarrollen lo más cercano posible a cómo vive un niño fuera de prisión.
Una de las encargadas de este espacio es Cinthya, quien también llegó a Santiaguito por el delito de secuestro y por el cual está condenada a más de 100 años de prisión.
“Yo no soy mamá, pero aquí he aprendido muchas cosas con los niños, con las propias mamás, con los talleres que se imparten”.
Cinthya está al pendiente de los talleres de motricidad y el apoyo psicológico que se les da a las mamás una vez que llega el momento de la separación.
“Es complicado para ellos porque empezamos a decirles sobre el desprendimiento, enseñarles nuevas cosas porque de aquí salen h pues van con otras cuidadoras, entonces a algunos sí les vamos diciendo ‘no, pues ya vas a ir a la escuela, te vas a ir a una escuela donde va a haber más niños, vas a aprender nuevas cosas’, pues su desarrollo va a ser diferente ¿no? Entonces sí impacta el hecho de decirles que va a haber un desprendimiento de la mamá y del niño, y más para las mamás”.
Sin embargo, pese a que en cinco penales mexiquenses viven menores con sus madres, apenas dos cuentan con una Bebeteca de Reinserta. Se trata de Santiaguito, donde las pelotas de colores, los peluches y los libros toman relevancia y hasta protagonismo en la crianza; y Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, inaugurada en agosto de 2022.
En la inauguración de este último espacio se dio a conocer que se planea hacer una tercera en el penal de Neza Bordo, a donde ingresan diariamente más de 400 niños a visitar a sus papás.
En total, en el Estado de México habitan 23 niños en los penales, de estos, seis están en Santiaguito, dos en el de Chalco, dos en Chiconautla, ocho en Neza-Bordo y uno en Texcoco; aunque esta cifra queda corta cuando se toma en cuenta que 2 mil 500 niños a lo largo de la entidad mexiquense visitan todos los días a sus mamás y papás dentro los centros de prevención y readaptación social de la entidad.
“Vivir con sus madres, derecho de los infantes”
Detrás de las rejas, lejos de sus familias, pero cerca de sus madres, es como viven 23 pequeños dentro de los penales del Estado de México, ninguno rebasa la edad de 3 años porque es la máxima permitida. En medio de personas sentenciadas y de algunas otras que esperan la resolución de su situación jurídica, comienzan su existencia en el mundo.
Sin embargo, vivir con sus madres es un derecho de las infancias, aunque no siempre es en un entorno óptimo, pese a que la seguridad de los menores y sus mamás es responsabilidad del estado.
Para Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes infancia en América Latina y el Caribe, la convivencia en las cárceles con menores de 3 años tiene grandes desafíos, ya que las instalaciones necesitan ajustes razonables para que se logre el objetivo de proteger el interés superior de los y las niñas; además de que deberían implementarse políticas para que, si el delito no es grave, se pueda maternar en arresto domiciliario.
“Si el delito no fuera grave, en otros países se ha logrado, y el Poder Judicial tiene la potestad para hacerlo, de otorgar prisión domiciliaria, nuevamente, no por la mujer, sino por el derecho de los niños y niñas a vivir en familia. Estamos hablando de estos 23 niños que viven con sus madres, pero es altamente probable que ellas tengan otros hijos que están fuera y están solos lo que tiene un impacto en su desarrollo”.
El activista recordó que diversos estudios revelan que antes de los seis años, los infantes no comprenden lo que es vivir en la cárcel, para ellos, viven cerca de sus madres por lo que, si se tienen las condiciones adecuadas, el permitir que vivan intramuros con ellas mientras compurgan su sentencia tiene un impacto positivo, en especial durante el periodo de lactancia.
Pese a ello, el activista en favor de las infancias, lamentó que con mucha frecuencia, la cárceles tienen dominio criminal por lo que los pequeños que están en prisión podrían estar en riesgo por lo que se debe ponderar su seguridad.
“Esto significa que si la cárcel tiene un autogobierno o hay riesgos para la integridad de cualquier tipo para el niño o la niña, es deseable y preferible que la madre tenga medidas de prevención domiciliaria para que pueda proteger a su hijo”.
Señaló que, a nivel nacional, las autoridades carcelarias han depositado la seguridad de los infantes en la madre, lo que es violatorio de los derechos humanos porque este rubro para ambas personas, es responsabilidad del Estado.
En ese sentido, Pérez García consideró que, además de vigilar las condiciones de los penales, se debería establecer un límite de convivencia por caso y no a partir de una ley generalizada.
“Es muy importante que podamos entender que la separación del niño o la niña que está con su madre, tiene que ser analizado caso por caso. Hubo una modificación a la Ley de Procedimientos Penales en 2016 y se plantea que, a partir de los 3 años tienen que salir. Nosotros hemos insistido en que esto depende de cada caso, particularmente los niños con discapacidad o cualquier tipo de afectación neuronal, requieren mucho más tiempo de cuidado y cualquier separación puede representar una grave afectación”.
En el Edomex, cuando niñas y niños que viven en Centros Penitenciarios con sus madres privadas de la libertad cumplen tres años de edad, están por cumplirlos en los próximos seis meses o por el deseo de que su hija o hijo ya no permanezca con ella en el Centro, se solicita por escrito al titular del mismo el externamiento.
El caso debe ser revisado por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, institución que lleva a cabo el análisis y resolución del mismo.
Niños que viven fuera de los penales, en riesgo
Una vez que los pequeños que viven con sus madres sentenciadas por algún delito que cometieron, alcanzan la edad de tres años, son excarcelados y deben integrarse al núcleo familiar más cercano, pero esta situación los vulnera.
La asociación civil Tejiendo Redes Infancia, con apoyo de diversos estudios internacionales, ha detectado que los menores están en riesgo de estigma por la situación jurídica de sus padres, discriminación y de ser abusados.
Aunque sólo en seis penales del Estado de México se tiene el registro de menores que viven en reclusión, en todos los del sistema penitenciario se reportan visitas de menores lo que los pone en riesgo.
“El hecho de que tengan un familiar privado de la libertad implica afectaciones en término de las visitas, generalmente se pondera la seguridad sobre la dignidad de niños y niñas, y hay demasiados testimonios de tocamientos, de abusos a la hora de las revisiones que inhiben la posibilidad de que ellos vayan con frecuencia, afectando nuevamente el vínculo afectivo”.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada 10 mujeres que se encuentran en prisión tienen al menos un hijo y casi el total son menores de edad.
Por si fuera poco, una vez que el menor se convierte en adolescente, va fortaleciendo los lazos con la población carcelaria, añadió Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia, lo que aumenta la probabilidad de que cometa un delito.
Por lo anterior, urgió a redoblar esfuerzos de vigilancia y protección durante las visitas a los centros penitenciarios.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2021, el penal de Santiaguito, donde se concentra la mayor cantidad de menores que viven con sus madres, obtuvo una calificación de 6.2 de 10 puntos.
Entre los puntos rojos a resaltar están las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad. Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, presencia de cobros (extorsión y sobornos), así como una insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Aunque se observó una adecuada atención en materia de actividades laborales y de capacitación, en materia de integración y funcionamiento del Comité Técnico y en prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.
Es por las condiciones de hacinamiento y violencia que imperan en la mayoría de los centros de prevención y readaptación social, que activistas en materia de defensa de derechos humanos de las infancias hacen un llamado al Estado Mexicano para redoblar esfuerzos en materia de derechos humanos dentro de estas instituciones para salvaguardar las condiciones de los menores y de quienes visitan a las personas privadas de la libertad.
