Nueva Alianza ¿un competidor ilegal en 2024?
El partido político Nueva Alianza perdió su registro nacional en 2018, porque no obtuvo el tres por ciento de la votación válida emitida en ninguna de las elecciones de ese año. A pesar de ese hecho, pudo conseguir el registro como partido político local en varias entidades federativas, entre ellas el Estado de México. No obstante ese logro, su poca presencia electoral hizo que apenas conservará ese nuevo registro en 2021, en candidatura común con Morena. Poco después, volvió a su alianza histórica con el PRI, en condiciones desfavorables. Por esta razón, en las elecciones de 2023 sólo obtuvo 2.03 por ciento de la votación y perdió el registro local.
Con toda razón, el consejo general del IEEM le retiró el registro el 10 de julio de 2023, aunque por una causa desconocida lo hizo más de un mes después de haber concluido los cómputos distritales, dando lugar a que el litigio se alargara. Esta decisión fue confirmada por el TEEM, el 24 de agosto de ese año, a pesar de las reticencias de uno de sus magistrados, Víctor Pasquel, que abogaba por una mayor flexibilidad en la interpretación de las leyes electorales.
Inconforme con esta decisión, NA la impugnó ante la Sala Regional Toluca del TEPJF. A pesar de que la ley establece que un partido político perderá el registro si no alcanza al menos tres por ciento de la votación en la elección inmediata anterior, sin distinguir entre ellas, la Sala interpretó que esta disposición legal se refiere a los tres comicios ordinarios anteriores: gubernatura, legislatura y ayuntamientos. Según ese criterio, como en 2023 sólo se eligió gobernadora, habrá que esperar a que se realicen las elecciones de 2024, para saber si conserva o no el registro. Por esta razón, el 6 de septiembre revocó el acuerdo del TEEM y prolongó la vida de NA.
Unos días después, el acuerdo de la Sala Toluca fue impugnado. Desde entonces, el registro se encuentra sub judice en la Sala Superior del TEPJF, esto significa que todavía no es definitivo porque depende de una resolución legal, que cuatro meses y medio después no se ha dado. Aunque hubo un intento por resolverlo, a mediados de noviembre del año pasado, fue detenido por razones desconocidas, al parecer por falta de una mayoría para decidir en la Sala Superior, que ya solo contaba con cinco magistrados.
El asunto se agrava porque el pasado 20 de enero los partidos PAN, PRI, PRD solicitaron el registro de su convenio de coalición, y de candidatura común con NA, una figura que permite transferir votos a otros partidos mediante un convenio inconstitucional. En caso de ser aceptada esta solicitud, el escenario sería de incertidumbre jurídica, porque uno de los contendientes (NA) podría perder el registro como partido local. La pregunta es ¿qué pasará con todo lo actuado por ese partido, que podría ser declarado ilegal? Pero lo peor es que si lo dejan seguir podría conservar el registro con votos de otros partidos.
No deja de sorprender que un tribunal creado para dotar de certeza jurídica a las elecciones, hasta ahora haya sido omiso. Al parecer, la mayor preocupación de sus integrantes es quién ocupa la presidencia del mismo y cómo se reparten el poder, no la impartición de la justicia electoral. Es inconcebible que un asunto de tanta importancia, que puede generar graves precedentes en la vida de los partidos políticos, haya sido desatendido durante tantos meses. La pregunta es ¿cuáles son los intereses que están detrás de esta indefinición?
