Representantes de sistemas comunitarios de pozos de agua en Chimalhuacán celebraron la aprobación de la nueva Ley General de Aguas por parte del Congreso de la Unión, ya que ésta reconoce plenamente a estos organismos, cuya única finalidad es dotar de agua a las comunidades sin fines de lucro, y al mismo tiempo los obliga a cumplir la normatividad en la materia.
Sistemas comunitarios celebran nueva Ley General de Aguas por reconocer su labor
Candelaria González Galicia, representante legal del Sistema de Agua “Los Naranjos” de Chimalhuacán, el cual abastece de agua a las comunidades de San Pablo y Villa Xochitenco, es administrado por un comité integrado por la propia comunidad consideró que la ley permitirá regular la extracción de agua a fin de que deje de ser vista como un negocio.
“Esta Ley general de Aguas Nacionales sí beneficia los sistemas comunitarios porque actualmente se nos tacha de huachicoleros, de estarnos robando un bien nacional, de que nos enriquecemos con un bien de la nación y no es así, en muchas comunidades llegamos a dotar de agua potable a la población antes que los sistemas municipales”, declaró.
Agregó que los sistemas comunitarios operan y se sostienen con la cooperación de los usuarios y así es como logran instalar las redes de distribución para suministrar a los domicilios y realizar el mantenimiento necesario.
“Durante años lo sistemas comunitarios hemos cargado con estigmas impuestos desde los grandes consorcios, mediáticos y los intereses privados, nos han llamado “radicales”, fabricantes de crisis y hasta huachicoleros del agua pero a pesar de esas calumnias, hemos defendido el agua desde la dignidad (…) enfrentando campañas de desprestigio (..) nuestra lucha por el acceso universal al agua es legítimo”, advirtió.
Discusión nueva ley
Opinó que en la discusión de la nueva ley queda en evidencia el acaparamiento de grandes cantidades del recurso al amparo del poder político y económico, pero también bajo los alarmantes signos de la corrupción.
“Desde Chimalhuacán respaldamos la reforma hídrica que impulsa el Gobierno, ya que no sólo busca ordenar el uso del agua, sino que pretende romper con décadas de transmisión privada de concesiones y de redes clientelares que lucraron con permisos otorgados sin planeación territorial ni criterios de justicia social”, expuso.
Finalmente sostuvo que la única garantía de un manejo justo del agua, por un lado, es la organización social y, por el otro, la visión progresista del Estado, por lo que ahora los colectivos tiene la responsabilidad de vigilar que la nueva ley se aplique con rigor, que no se generen nuevas concentraciones de agua, que el estado no sustituya viejos vicios por otros y que las comunidades sigan siendo el eje de la gestión del agua.
El pozo de agua Los Naranjos y el Pozo comunitario de San Pedro fueron asegurados durante la Operación Caudal, pero debido a que ambos cuentan con concesione otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y cumplen con la normatividad establecida para su funcionamiento, fueron devueltos a las comunidades y han reanudado su operación.
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