Nuevas autoridades del agua, nuevas oportunidades
Nuevamente nos encontramos ante la inminente llegada de nuevos funcionarios que de una u otra forma será su responsabilidad, la gestión del agua en México, desde autoridades en pequeñas localidades, hasta la cabeza de sector, que es la CONAGUA. También habrá cambios en comisiones edilicias, comisiones en cámaras de diputados locales, hasta los representantes de las comisiones del Congreso de la Unión.
El arreglo institucional de México precisa de múltiples actores que habrán de enfrentar retos cada vez mayores, se enfrentarán a sequías, escasez, mala calidad del agua, infraestructura obsoleta y números rojos en sus finanzas para enfrentarlos. Ante esta coyuntura, habrá que sumar que, en el peor de los casos, para muchos de los servidores públicos será la primera vez que se enfrenten a estos problemas.
A pesar de tantos esfuerzos, no hemos sido capaces en nuestro país de construir un servicio civil de carrera para la prestación de los servicios de agua, que permita la profesionalización de los más de 200 mil trabajadores, muchos de ellos, capacitados por programas federales o locales, que, sin embargo, habrán de ser despedidos de sus puestos para dar lugar a nuevos empleados que deberán comenzar con su proceso de capacitación formal o informal.
Qué capacidades deberán de contar los directivos de los prestadores de los servicios públicos de agua, en primera instancia, de una capacidad relevante para procesar una cantidad enorme de información y problemas, los rezagos en la mayoría de ellos son tales que se habrán acumulado décadas de temas a atender; en segundo lugar es deseable que cuenten con la capacidad de resolver creativamente grandes retos con muy pocos recursos, lo que lleva a una tercera habilidad, la de ser muy buenos administradores, dados los pocos recursos habrá que ser muy eficientes en su aplicación, además de capacidad de planificación.
Adicional a lo anterior, es necesario contar con altas habilidades de gestoría, ser capaces de convencer a autoridades del más alto nivel que las inversiones en sus sistemas de abastecimiento son necesarias, para lo cual tendrá que ser capaz de simplificar explicaciones técnicas. Con el aumento de la participación ciudadana en temas públicos, las habilidades de comunicación y socialización se hacen imprescindibles.
En lo que respecta a los legisladores de cualquier nivel, la tarea no es menor, a nivel local, en primera instancia deberán aprobar las estructuras tarifarias de sus municipios, lo que implica conocer de cuestiones fiscales que no tienen como objetivo general la recaudación, sino el uso responsable del agua, si hay la voluntad política se buscará tomar las mejores decisiones, si no la hay se dejarán las cuotas y tarifas como están. Si se buscan mejorar los servicios, tal vez haya que necesidad de modificar o expedir leyes locales, lo que implica un grado mayor de conocimiento del sector agua.
A nivel federal, los legisladores se encontrarán con que existe un transitorio de un artículo de nuestra Constitución, que desde el año 2013 mandataba a legislar respecto al derecho humano al agua, por lo que entrarán ya con un reclamo de más de diez años de retraso, además de lo anterior se enfrentarán a la disyuntiva de reformar o expedir una Ley de Aguas Nacionales, por si fuera poco, tendrán bajo su responsabilidad una posible modificación a la propuesta del Ejecutivo Federal y en su caso aprobación de los recursos económicos con los que se habrá de hacer frente a los graves problemas nacionales, coadyuvar con los gobiernos estatales y municipales, y construir obras en un modelo fragmentado y con responsabilidades poco claras; y aún con todo lo anterior mencionado, no seremos pocos los que deseemos el mejor de los éxitos, pues de ello dependemos todos.
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