Organizaciones piden revisar sentencias contra Kenia Hernández tras cierre de causas federales

El cierre de las ocho causas penales federales abiertas contra Kenia Inés Hernández Montalván reactivó el llamado de organizaciones nacionales e internacionales para que el Poder Judicial Federal revise las dos sentencias del fuero común que la mantienen presa en el Estado de México desde hace más de cinco años.

Kenia Inés Hernández Montalván continuará privada de la libertad

En entrevista telefónica, el presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Antonio Lara Duque, explicó que la defensora indígena amuzga, originaria de Guerrero, fue absuelta de los cargos federales por ataques a las vías de comunicación, relacionados con protestas en casetas de peaje; sin embargo, continuará privada de la libertad por dos procesos locales por robo con violencia, delito que ella, su defensa y organizaciones acompañantes han señalado como parte de una estrategia de criminalización.

Indicó que en un pronunciamiento conjunto, ACAT Francia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CIVICUS, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura y el mismo Centro sostuvieron que el cierre de las causas federales abre una oportunidad para corregir violaciones al debido proceso y evitar que se mantenga una pena desproporcionada contra una defensora de derechos humanos.

Hernández Montalván enfrenta actualmente 21 años de prisión por las dos causas penales que subsisten en el Estado de México. Su defensa promovió amparos directos contra ambas sentencias, los cuales se encuentran en trámite ante órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito en materia penal.

Las organizaciones pidieron que esos recursos sean resueltos con base en estándares internacionales sobre personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y derecho a la protesta pacífica. Advirtieron que una revisión limitada al expediente, sin tomar en cuenta el contexto de su actividad social, podría consolidar el uso del sistema penal como mecanismo de castigo contra quienes acompañan causas comunitarias.

Kenia ha realizado labores en defensa de pueblos indígenas

Kenia Hernández ha dedicado parte de su trayectoria a la defensa de pueblos indígenas, mujeres, personas privadas de la libertad, comunidades afectadas por violaciones graves a derechos humanos y movimientos en defensa de la tierra y el territorio. Antes de su detención, formó parte del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero.

El presidente de la CDHZL explicó que su caso ha sido señalado por organismos internacionales como un ejemplo de persecución judicial contra defensoras indígenas.

De acuerdo con el pronunciamiento, relatorías de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han expresado preocupación por las sentencias dictadas en su contra, así como por presuntas irregularidades durante el proceso.

Entre los señalamientos se encuentran obstáculos para participar de manera presencial en audiencias, falta de interpretación en lengua amuzga y restricciones para recibir visitas de su familia, equipo jurídico y organizaciones acompañantes. También se ha denunciado la apertura sucesiva de carpetas e investigaciones con el efecto de prolongar su privación de la libertad.

Kenia Hernández Montalván fue detenida en 2020

La defensora fue detenida en octubre de 2020 y desde entonces ha pasado por distintos centros penitenciarios. Después de su aprehensión, fue ingresada al penal de Chiconautla, en Ecatepec, y posteriormente trasladada a Almoloya de Juárez, ambos en el Estado de México.

También estuvo recluida en el Cefereso 16 de Morelos, donde su defensa denunció aislamiento e incomunicación, y actualmente se encuentra recluida en el Penal de Tepozanes, en Nezahualcóyotl. Desde ese lugar ha impulsado la cooperativa “Tejedoras de Libertad”, integrada por mujeres privadas de la libertad que elaboran bordados y textiles con vivos ancestrales.

De acuerdo con las organizaciones, el proyecto busca generar ingresos, atender necesidades básicas, fortalecer la salud mental de las internas y facilitar la comunicación con sus hijas e hijos. El trabajo colectivo obtuvo un espacio específico dentro del penal por su aporte a la convivencia y a procesos de reinserción social con enfoque de derechos humanos.

Las agrupaciones advirtieron que los efectos de la prisión se han extendido a sus hijos, familia y comunidad. Señalaron que las limitaciones económicas y la distancia han restringido la comunicación con sus hijos, cuyas visitas solo pueden realizarse cada dos o tres meses.

Las organizaciones firmantes sostuvieron que exigir justicia para Kenia Hernández no solo implica revisar su situación jurídica, sino también reconocer el impacto que la criminalización penal tiene sobre comunidades indígenas, movimientos sociales y mujeres defensoras.

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MPH