Pago y medición del consumo de agua en las ciudades
De acuerdo a las Cuentas Públicas que se entregan a la SHCP, los municipios del país reportaron que en el año 2022 se pagaron 19.7 millones de tomas para una población de 126 millones de mexicanos, y que de acuerdo al INEGI en 2022 existían cerca de 37 millones de viviendas en nuestro país, si asumimos que hay una toma por vivienda, esto nos indica que sólo el 53% de las mismas pagó sus servicios de agua.
Por supuesto, habría que considerar las implicaciones de las zonas rurales, donde por diversos motivos puede ser menor la medición a nivel de toma por vivienda, el mismo INEGI reconoce que la población rural es apenas del 20%, lo que nos dice que 25.2 millones de personas viven en zonas rurales, o el equivalente a 7.4 millones de viviendas. Si excluyéramos a estas viviendas del cálculo del primer párrafo, tendríamos que aún así, el 66.55% de las viviendas habrían pagado sus servicios de agua.
Un factor más a tomar en cuenta es que no se especifica en las cuentas públicas, cuántas de esas tomas pagadas son de usuarios domésticos, y cuántas son comerciales, industriales y públicas, entre otras, lo que disminuiría el porcentaje de pago de las viviendas. Para poner un poco de contexto, el número de usuarios que no pagan la energía eléctrica es cercano a los 8.5 millones de usuarios de todos los tipos.
Bajo el modelo actual de gestión del agua, ésta es la principal fuente de recursos para la prestación del servicio de agua y para lograr la sustentabilidad y sostenibilidad de México, entonces, se explica en gran parte la falta de inversión y de una prestación adecuada de estos servicios.
Se vuelve un círculo vicioso, provocado también por diversas razones, malas prácticas en el cobro del servicio y también una resistencia al pago al recibir un mal servicio, bajo estas condiciones, el Estado debe asumir la responsabilidad de mejorar la prestación y en seguida proceder a las acciones de cobro, desgraciadamente son muchos los ejemplos donde bajo la promesa de mejorar algún servicio público se han hecho incrementos que no han servido para los fines establecidos.
Un tema adicional es que esas tomas pagadas reportadas no necesariamente quieren decir que cuentan con un aparato de medición, el cuál es una característica esencial tanto para el fomento del uso responsable del agua como para las acciones de cobro justas y equitativas, muchas de esas 19.7 millones de tomas pagan una cuota fija anual, donde no se sabe qué cantidad de agua consumen, no sirve de nada contar con los mejores estudios donde se establezcan las estructuras tarifarias, así como tampoco sirve tener las mejores Leyes Estatales y Reglamentos si las tarifas se cobran de esta forma, ya dijimos previamente, hay casos donde la toma de la lectura se dificulta o donde por la situación económica actual de los prestadores no sea tan factible instalar un medidor, pero estos deben ser la excepción, casos debidamente justificados, el porcentaje de eficiencia en micromedición para zonas urbanas no debería ser menor del 95%, tenemos algunos casos como son Campeche o Tepic, donde sus usuarios por servicio medido son marginales.
¿Cómo avanzar en un manejo sostenible del agua bajo estas condiciones?, desgraciadamente no hay un ente regulador que supervise y obligue a que las tomas sean por servicio medido, no hay forma de formular políticas encaminadas a un consumo sostenible si no podemos saber y controlar lo que consumimos en nuestros hogares, comercios, industrias y otros usos.