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Mediante el decreto número 241 de la 62 Legislatura se expidió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual contempló un importe de 410 mil 341 millones 615 mil 262 pesos, de los cuales 226 mil 508 millones 783 mil 580 corresponden al Poder Ejecutivo, 2 mil 346 millones 597 mil 978 al Poder Legislativo, 6 mil 331 millones 216 mil 477 al Poder Judicial, 14 mil 595 millones 289 mil 428 a los órganos autónomos y 160 mil 559millones 727 mil 799 a otras entidades paraestatales y organismos. Este presupuesto con relación al del año anterior se incrementó en un 5.6% y en un 12% en el rubro de inversión pública.
Se destinarán 170 mil 607 millones 778 mil 724 pesos para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 1 mil 715 millones 901 mil 711 pesos para la función pública y el combate a la corrupción, 130 mil 920 millones 195 mil 524 pesos para la atención de la población infantil y adolescente, 100 millones de pesos para la atención de desastres, 2 mil 923 millones 421 mil 818 pesos para el pago de compromisos multianuales relacionados con bienes y servicios, 3 mil 360 millones 993 mil 265 pesos para proyectos de inversión e infraestructura y 19 mil 818 millones 463 mil 786 pesos para gastos de inversión.
También se preven 5 mil 985 millones 311 mil 065 pesos para los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y de Asociación Público-Privada (APP), 1 mil 53 millones 996 mil 516 pesos para el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 2 mil 458 millones 487 mil 734 pesos para el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 2 mil 500 millones de pesos para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y 684 millones 622 mil 349 pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
Mediante el decreto número 240 de la 62 Legislatura se reformaron el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el Código Administrativo del Estado de México y la Ley de la Comisión de Impacto Ambiental, para adecuar dichas disposiciones con lo dispuesto en los presupuestos de ingresos y egresos y para promover la regulación de las viviendas y de las deudas en materia de seguridad social.
En el dictamen se indica que diversos entes se encuentran omisos en el pago de aportaciones de seguridad social, por lo que se busca una alternativa de pago para regularizar su situación fiscal a través de la suscripción de convenios de pago o una reestructuración. De igual manera, “se busca dar continuidad a la emisión de programas de regularización de viviendas de interés social, social progresiva, popular y media”.
Para “mantener vigentes y equitativas las tarifas aplicables a los derechos por los servicios que prestan diversos entes públicos se identificó la necesidad de actualizarlas, a fin de reflejar las condiciones económicas actuales.
Asimismo, se advirtió la conveniencia de revisar y actualizar los conceptos asociados a dichos servicios con el objetivo de otorgar mayor claridad a las porciones normativas y asegurar que respondan de manera adecuada a la naturaleza jurídica y operativa de cada ente público”.
En el dictamen se indica que la iniciativa a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios “analiza los impactos presupuestarios, recaudatorios y administrativos que derivan de las modificaciones propuestas, a fin de constatar que se trata de ajustes viables, necesarios y acordes con la sostenibilidad financiera y operativa del Instituto”.
De igual manera, “se estima viable ajustar el marco jurídico de la entidad en lo correspondiente a la Ley de la Comisión de Impacto Estatal, ya que se evitará que los desarrollos habitacionales vinculados al Programa de Vivienda queden sujetos a la evaluación del impacto estatal”.
En el dictamen se indica que la iniciativa a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios “analiza los impactos presupuestarios, recaudatorios y administrativos que derivan de las modificaciones propuestas, a fin de constatar que se trata de ajustes viables, necesarios y acordes con la sostenibilidad financiera y operativa del Instituto”.
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