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El Poder Judicial del Estado de México se encuentra inmerso en un proceso de transición institucional que, según explicó el magistrado y consejero de la Judicatura Mario Eduardo Navarro Cabral, permitirá la incorporación ordenada de los jueces y magistrados que resultaron electos en los comicios del pasado primero de junio. Este cambio, añadió, se da en el marco de la reforma estructural al sistema de justicia estatal y contempla la extinción del Consejo de la Judicatura, cuyas funciones serán asumidas por dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración del Poder Judicial.
Poder Judicial en proceso de transición
El consejero Navarro Cabral aclaró que si bien se trata de una transformación de gran calado en la estructura del Poder Judicial, los efectos sobre el acceso a la justicia para la ciudadanía serán mínimos. “En términos prácticos, es como cuando se cambia un juez de adscripción. Las transiciones en juzgados se realizan de forma habitual, se notifican a las partes y el nuevo juzgador se impone de los asuntos. En este caso no será diferente”, sostuvo.
Para conducir esta transición, el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez instruyó la creación de un Comité de Transición con dos comisiones: la de Disciplina, encabezada por la consejera María Alejandra Almazán Barrera, y la de Administración, presidida por el propio Navarro Cabral. Estas comisiones han trabajado desde marzo en el diseño de los mecanismos necesarios para entregar a los nuevos órganos toda la información, recursos y estructura operativa que permitirán garantizar su funcionamiento desde el día en que asuman funciones, el próximo 5 de septiembre.
Entre las acciones más relevantes de este proceso está la creación de un repositorio digital con información actualizada de todas las áreas del Poder Judicial. “Este repositorio servirá como referencia para los nuevos titulares, quienes podrán verificar los datos que reciban. Además, se realizará un proceso formal de entrega-recepción, conforme lo exige la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Transparencia”, puntualizó el magistrado.
A partir del 15 de agosto, el Comité de Transición sesionará para verificar la información que se entregará. En el caso del Órgano de Administración, éste deberá adscribir a los 91 juzgadores que fueron electos, entre jueces y magistrados, en cuanto entren en funciones.
El consejero detalló que ya se prevé una modificación a la estructura administrativa del Poder Judicial, que actualmente está siendo diseñada por la Dirección de Organización y Planeación. “Es evidente que al dividirse el Consejo de la Judicatura en dos órganos, las estructuras deberán ajustarse. Esto se formalizará cuando se expida la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial”, explicó.
Respecto al personal que actualmente labora en el Consejo de la Judicatura, los juzgados y las magistraturas renovadas, indicó que sus derechos laborales serán respetados y que serán reubicados conforme a las necesidades de las nuevas estructuras. “Hemos dialogado con los futuros integrantes de los nuevos órganos y esa es una preocupación compartida: preservar los derechos de los trabajadores. Gente con experiencia será redireccionada a otras áreas según su perfil”, añadió.
En cuanto a otros organismos que opera el Poder Judicial, como los centros de convivencia por ejemplo, Navarro Cabral consideró que no se prevén afectaciones significativas en lo inmediato. “Toda reforma implica transformación institucional, pero corresponderá a las nuevas autoridades determinar áreas de oportunidad. Lo que es importante es que los cambios no afecten la operación ni a los recursos humanos existentes”, dijo.
Respecto al tema financiero, afirmó que hasta ahora no se han planteado modificaciones presupuestales. “Tenemos finanzas sanas y todo está sujeto a los mecanismos de fiscalización y transparencia. Cualquier ajuste corresponderá a las nuevas autoridades”, indicó.
El proceso de transición avanza sin retrasos, aseguró el magistrado. “No tenemos demoras relevantes. Hay los problemas ordinarios del día a día, pero buscamos que la transición sea tersa, que el personal y los justiciables no se vean afectados. La institución debe mantenerse incólume y garantizar el acceso continuo a la justicia”, subrayó.
Capacitación de jueces y magistrados electos
Uno de los ejes del proceso ha sido la capacitación de los nuevos juzgadores. Desde la entrega de las constancias de mayoría, se inició un programa intensivo de formación para quienes asumirán funciones en septiembre. “Sabemos que en unos meses no haremos superjueces, pero sí los estamos preparando. La mayoría de ellos está satisfecha con el curso. La capacitación es constante en este Poder Judicial”.
Del total de los 91 cargos electos, aproximadamente el 80 por ciento ha participado activamente en la capacitación. Aquellos que ya se desempeñaban como jueces y que lograron su ratificación o ascenso no fueron retirados de sus funciones para asistir a los cursos, con el fin de no dejar vacantes los juzgados. En tanto, algunos candidatos externos optaron por no participar en la formación. “Hablamos de cuatro o cinco casos, no más. Son personas que no pertenecían al Poder Judicial y declinaron la capacitación, aunque fueron invitadas”, finalizó.
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