En la vieja casona que actualmente alberga parte de la Escuela Judicial estatal, en Toluca, vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul cielo, a Héctor Macedo se le nota más relajado que en campaña, con facilidad de palabra y buen ánimo.
La competencia electoral fue intensa y el reto que ahora asume es histórico: encabezar la primera etapa del nuevo modelo judicial que dividirá sus funciones en tres órganos, la Presidencia, el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración, en un esquema totalmente inédito.
Macedo García reconoce que la reforma orgánica aprobada por el Congreso local abre la posibilidad de despresurizar al Poder Judicial, que hasta ahora concentraba en una sola figura la conducción política, administrativa y jurisdiccional.
“Este nuevo modelo horizontal responde a una visión constitucional inteligente, que distribuye responsabilidades: el presidente conducirá la representación política y pública, el Tribunal de Disciplina atenderá los temas anticorrupción y laborales, mientras que el Órgano de Administración será responsable de los recursos y del manejo presupuestal”, explica.
El hasta hoy presidente electo subraya que este último organismo es clave, porque al no estar sujeto a votación popular deberá surgir de consensos internos entre el Pleno del Tribunal, el Congreso y el Ejecutivo estatal, con mayoría calificada de dos tercios.
“Ahí está la complejidad y lo interesante del diseño: se necesita dialogar y llegar a acuerdos, porque no habrá margen para la imposición. Es una oportunidad para que el Poder Judicial deje atrás prácticas verticales y abra paso a la colegialidad”, sostiene.
Un órgano administrativo diferente
Respecto al perfil que debe encabezar el Órgano de Administración Judicial, Macedo plantea que no necesariamente debe recaer en alguien de la misma estructura judicial, como un magistrado o en un abogado.
“La ley es clara: pueden ser financieros, economistas o especialistas con experiencia administrativa. Lo importante es que conozcan la institución y sepan cómo operan sus engranajes. No se trata de improvisar, sino de garantizar eficiencia”, afirma, pero no descarta que algún perfil interno con trayectoria administrativa pueda ser considerado, reconoce que es poco probable que el Legislativo y el Ejecutivo designen a alguien “de casa”. La clave, insiste, es que la propuesta sea socializada con el Pleno y validada por consenso.
Durante el corto periodo de dos años que estará en el cargo, quiere sentar las bases de grandes cambios que, quizá le toque consolidar a sus sucesores, la magistrada Erika Icela Castillo Vega, los siguientes dos años; y el magistrado Luis Fernando Camacho Lupercio.
Desde su punto de vista, al Poder Judicial estatal “le duele” la falta de cercanía entre las autoridades y sus trabajadores, y la sobrecarga en los juzgados.
“Un trabajador común jamás podía tocar la puerta de la Presidencia y ser recibido, esa falta de cercanía es algo que tenemos que romper. Yo lo viví desde abajo, fui archivista en 1992 y sé que esa distancia puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Escuchar, dar una explicación o una negativa con razones es parte de dignificar el trabajo”, relata.
Saturación un tema pendiente
Respecto a la saturación de los juzgados, especialmente los Familiares, donde diariamente se concentran hasta tres mil personas, señala que estas instalaciones son “un foco de tensión social que no ha sido atendido con la seriedad necesaria. Dignificar al servidor judicial y reducir los tiempos de atención es urgente. No podemos permitir que la ciudadanía llegue con un problema grave y encuentre un rostro cansado detrás de un escritorio. Es una cuestión de cultura institucional que debe cambiar”, advierte.
Para atender estas deficiencias, asegura, el Plan de Desarrollo Judicial será la base, el cual, asegura, no puede elaborarse en la opacidad ni en una cúpula interna.
“Se tiene que socializar, comunicar socialmente y ciudadanamente. Debemos convocar a universidades públicas y privadas, a colegios y barras de abogados, pero también a colectivos, comunicadores y ciudadanos. Ellos son los usuarios primeros del sistema. Si el proyecto no es abierto, volveremos a caer en la crítica de falta de transparencia que tanto nos pesa”, reconoce.
El Plan, adelanta, será trabajado con un órgano técnico institucional, que podrá apoyarse en instituciones académicas, como El Colegio Mexiquense o el Colegio de San Carlos, para garantizar sustento metodológico. El objetivo, dice, es claro: enfocar los recursos al servicio jurisdiccional, adelgazar en lo posible el gasto administrativo y despresurizar los juzgados.
“La política pública será la que se desarrolle en ese plan, y tendrá que estar acompañada de diálogo, argumentos y consensos. La política judicial no puede quedarse en el discurso del gasto, tiene que reflejar un cambio en el día a día”, afirma.
Héctor Macedo tiene el ojo puesto en mejorar la imagen del Poder Judicial y acercar la justicia a la gente durante el corto periodo en que ocupará la presidencia. “No nos va a alcanzar el tiempo para resolverlo todo, pero sí para regularizar, transparentar y establecer procedimientos que perduren. Si logramos acercar la justicia a la gente y abatir la percepción de corrupción, habremos dado un paso real hacia la transformación”, señala.
Entre sus prioridades menciona la creación de un Instituto de Servicios Periciales que otorgue certeza técnica y la implementación de inteligencia artificial para agilizar procesos. “Con esta herramienta podemos mejorar tiempos de respuesta y liberar carga de trabajo. No es un lujo, es una necesidad”, sostiene.
Un Poder Judicial más dinámico
El reto, insiste, será dinamizar el trabajo del Poder Judicial bajo un plazo que obliga a acelerar resultados. “Lo que antes se podía hacer en ocho años, ahora debemos hacerlo en dos. Eso exige mayor cercanía con los órganos jurisdiccionales, reingeniería administrativa, uso de nuevas tecnologías y, sobre todo, comunicación ciudadana”, asegura.
Consciente de la magnitud del cambio institucional, Macedo se dice convencido de que la transformación debe reflejarse en la percepción ciudadana: “hoy tenemos una de las peores percepciones de corrupción, solo después de los agentes de tránsito. A mí me gustaría revertir esa imagen en los próximos dos años. Ese sería mi sueño: que la gente vuelva a confiar en el Poder Judicial mexiquense”.
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