PRI va por policía de proximidad y unidades especializadas en atención a mujeres víctimas de violencia

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso mexiquense presentó un paquete de iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad pública y atender la violencia de género, entre las que destacan la creación de un modelo de policía de proximidad basado en la colaboración ciudadana y la instauración de unidades especializadas en atención a delitos contra las mujeres.

El PRI propone crear policía de proximidad y unidades especializadas en atención a mujeres víctimas de violencia

Durante la conferencia de prensa, la diputada Leticia Mejía García explicó que la propuesta busca transformar el actual modelo de seguridad, al pasar de una estructura reactiva y centralizada a una estrategia preventiva y comunitaria. “Queremos policías que sean parte de la comunidad, no figuras lejanas. Que el vecino conozca al policía de su cuadrante y que la gente confíe en ellos. La seguridad no se impone desde arriba, se construye desde abajo”, expresó.

La iniciativa del PRI plantea que los municipios dividan su territorio en cuadrantes, donde agentes capacitados mantengan contacto permanente con la población, atiendan conflictos locales y participen en labores preventivas. Además, propone que los módulos y casetas policiales funcionen como centros de atención a víctimas, con servicios médicos, psicológicos y jurídicos, así como instalaciones dignas para los elementos.

Mejía García subrayó que las policías municipales son las que más contribuyen a la seguridad cotidiana, pues realizan cerca del 80% de las detenciones en la entidad, a pesar de contar con menos recursos que las fuerzas federales. “Una detención hecha por la Guardia Nacional cuesta 430 veces más que una realizada por una policía municipal”, puntualizó, al insistir en que se debe dignificar la labor de los cuerpos locales de seguridad.

Por su parte, la diputada Mercedes Colín Guadarrama presentó una iniciativa complementaria que propone la creación de unidades de policía especializadas en atención a delitos contra las mujeres, con capacitación en perspectiva de género y certificación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Señaló que la violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante, pues 78 por ciento de las mexiquenses mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión y 620 mil fueron víctimas de delitos sexuales, de acuerdo con cifras del INEGI.

Mujeres siguen sin denunciar

“La cifra negra alcanza el 97%. Las mujeres siguen sin denunciar por miedo, por desconfianza o por no tener una autoridad cercana que las escuche. Por eso proponemos un rediseño institucional que acerque la justicia a las víctimas y coordine a la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y los municipios”, explicó.

La legisladora reconoció que las policías de género existentes en varios municipios operan con pocos recursos y personal insuficiente. “Hay lugares donde se les asigna la patrulla más vieja o donde sólo hay ocho elementos para atender turnos en municipios completos. Queremos revertir esa situación”, dijo.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario, Elías Rescala Jiménez, señaló que ambas propuestas buscan fortalecer el tejido social y generar confianza entre ciudadanía y autoridades. Anunció que el PRI impulsará una reasignación presupuestal de dos mil 500 millones de pesos para fortalecer los fondos de seguridad, lo que incluiría la contratación de 20 mil nuevos policías con mejores condiciones laborales y salarios dignos.

“Queremos aportar soluciones reales. A pesar de ser un grupo minoritario, confiamos en que estas iniciativas sean escuchadas por todos los partidos, porque se trata de mejorar la seguridad de las y los mexiquenses. La oposición puede y debe ser crítica, pero también constructiva”, sostuvo.
Respecto al debate nacional sobre la reforma electoral y la reducción del financiamiento a los partidos, Rescala adelantó que el PRI se opondrá a cualquier medida que afecte la competencia democrática.

“Estamos a favor de una distribución justa de los recursos, pero no de eliminar el financiamiento público que garantiza igualdad en la contienda y certeza jurídica en los procesos electorales”, concluyó.

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